Si bien dijo que coloborará con la justicia, Pedro Castillo guardó silencio en su último interrogatorio en la Fiscalía de la Nación. (Foto: GEC)
Si bien dijo que coloborará con la justicia, Pedro Castillo guardó silencio en su último interrogatorio en la Fiscalía de la Nación. (Foto: GEC)

El admitió a trámite el hábeas corpus que presentó la defensa legal del presidente contra el allanamiento a Palacio de Gobierno, realizado el pasado 10 de agosto por el equipo especial de la Fiscalía que investigan a y otras tres personas por el presunto delito de organización criminal.

En caso prosperara el pedido, el Ministerio Público no solo ya no podría realizar allanamientos a la casa de Gobierno, sino que el fiscal Hans Aguirre y el coronel PNP Harvey Colchado podrían ser apartados de la indagación.

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Sin embargo, este no sería el único recurso legal que busca impedir la indagación contra el mandatario. Este diario supo que el Poder Judicial tiene en trámite otros cuatro tutelas de derecho presentadas por la defensa legal de Castillo (ver tabla).

Dos de ellas, interpuestas en el marco de la denuncia del exministro Mariano González, están siendo evaluadas en este momento por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

En tanto, la tutela de derechos presentada en el marco del caso Puente Tarata III se verá en apelación, tras ser rechazada en primera instancia. El próximo lunes 22 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará en una audiencia si el recurso cumple o no los requisitos para darle trámite.

Se afectan derechos

En su resolución, el juez Juan Torres consideró que “se vendría afectando los derechos a la inviolabilidad de domicilio” que tiene Castillo, así como la motivación de las resoluciones judiciales.

Los abogados del presidente criticaron que el fiscal Aguirre y el coronel Colchado acudieran a Palacio para allanar el lugar buscando a Yenifer Paredes, pese a que la titularidad de dicho domicilio recae en el mandatario, más no en su cuñada.

“La diligencia no se habría llevado a cabo por el fiscal Hans Aguirre, sino por el Coronel Harvey Colchado, quien no fue autorizado por la resolución judicial y, además, habría intimidado al personal de Palacio durante la diligencia”, cuestionó el magistrado.

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El juez dio un plazo de tres días para que la Procuraduría Pública del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio del Interior respondan dicha demanda.

Desde la oposición criticaron esta decisión judicial. “El presidente nuevamente a través de sus abogados buscan obstruir la justicia (…) todos estamos convencidos de que Yenifer Palacios fue ayudada para salir de Palacio”, criticó Carlos Anderson.

Por su parte, Patricia Chirinos, de Avanza País, dijo que se debe investigar quien financia la presentación de todos estos recursos.