La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una denuncia constitucional contra el ministro del Interior, Dimitri Senmache, por la fuga del extitular de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y los enfrentamientos entre mineros artesanales en Arequipa, que dejaron 14 muertos.
Según el documento, al titular del Mininter se le acusa de presunta infracción de los artículos 39, 44 y 119 de la Constitución Política, y se solicita su destitución e inhabilitación de la función pública por 10 años.
Asimismo, se considera a Senmache Artola como “responsable político de la negligencia y posible coautor del delito de encubrimiento de los oficiales policiales que colaboraron” con la fuga del exministro de Transportes.
Recordó que la Policía Nacional solo reportó acciones de verificación de inmuebles con fotos del 3 y 4 de junio, a pesar de que la videovigilancia se estableció el 27 de mayo, lo que pone en evidencia que, al menos durante una semana, “se desatendió la orden de vigilar al ex ministro Silva a pesar del inminente riesgo de fuga”.
También refiere que hubo “desidia” en el cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público frente a Silva Villegas por parte de ciertas dependencias de la Policía, lo que evidencia, al menos, “una voluntad de permitir ventajas” a un prófugo de la justicia que es bastante cercano al presidente Pedro Castillo.
“Los hechos mencionados evidencian una clara responsabilidad que recae en la Policía Nacional del Perú, pero sobre todo en el ministro del Interior, en tanto se han propiciado las condiciones para que un exministro allegado al Presidente de la República, investigado por gravísimos casos de corrupción que le cuestan millones de soles al Estado peruano, pueda evadir la justicia y darse a la fuga”, subrayó.
Chirinos también acusó a Senmache de “desidia” en el mantenimiento del orden público tras los enfrentamientos entre mineros artesanales e informales en la zona de Huanaquita de Atico, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, que dejaron como saldo 14 muertos.
“Los hechos suscitados en la zona en cuestión evidencian una clara falta de autoridad, responsabilidad que se le atribuye a la Policía Nacional del Perú y al ministro del Interior, lo que repercute negativamente en la confianza que la población pueda tener hacia el Estado peruano en su conjunto en tanto es garante de los derechos fundamentales, orden público y correctas condiciones para el desarrollo de la sociedad en general”, manifestó.