:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/BCW34DBMUJA7BLITQFVCHS4L24.jpg)
En menos de 30 días se ha dado el cambio en tres ministros del Interior, ahora en manos de José Elice, como titular del Mininter, que a juicio de Gino Costa, congresista del Partido Morada, el nuevo ministro no tiene ninguna experiencia en el Interior, pero es un buen funcionario público.
La crisis ministerial y policial arrastra el pase a retiro de 18 generales de la PNP del presidente Sagasti, que ahora ha recibido el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, en el que pide resarcir los derechos fundamentales de los generales que se vieron afectados por la incorrecta interpretación que hizo el Gobierno en el cambio de mando policial, que se establece en la Decreto Legislativo 1267.
En la carta firmada por Walter Gutiérrez dirigida a la premier Violeta Bermúdez, detalla que si bien el Poder Ejecutivo ostenta la atribución de renovar los cuadros de la Alta Dirección de la Policía Nacional, en el marco de un proceso regular o excepcional, tal poder solo puede ser ejercido en el marco de lo previsto en la Constitución.
“Se impone un límite expreso a la faculta discrecional del presidente de la República en esta materia (en la renovación de los cuadros policiales)”, detalla en la misiva.
Así, sostiene que - citando al Tribunal Constitucional- el pase a retiro por renovación de cuadros a los Oficiales de la Policía Nacional deben fundamentarse debidamente con argumentos de derecho y de hecho.
Sin embargos, menciona que en la decisión del presidente Francisco Sagasti no se advierte motivación alguna que fundamente la necesidad institucional de producir los ceses ni las razones de la elección del hoy comandante general.
El Defensor del Pueblo afirma que la decisión presidencial no ha tomado en consideración la meritocracia (mérito personal y capacidad profesional), tal como lo señala la carta Magna y lo sostiene el TC.
Walter Gutiérrez indica que el presidente hizo la renovación sin tomar la regla contenida que la designación de la Comandancia General provenga de una terna compuesta por los tenientes y oficiales generales de mayor antigüedad, desnaturalizando así el citado principio meritocrático.
Medidas similares: consecuencias
Uno de los temas que advierte el Defensor del Pueblo, es que no se tomó en consideración el principio de previsión de consecuencias, establecido por el Tribunal Constitucional, el cual exige que las autoridades tomen en cuenta las repercusiones de sus decisiones y las implicancias que ellas puedan generar a futuro.
“En la decisión de nombrar al comandante General de la PNP no se ponderó de forma adecuada el peligroso antecedente que estableciera para casos futuros, dado que la interpretación utilizada podría ser invocada por otros gobiernos con el fin de soslayar el principio meritocrático en el cual se basa el escalafón policial”, indica.
De esta manera sostiene que el error incurrido afecta los derechos fundamentales de los oficiales cesados y de forma indirecta al resto del cuerpo policial.
Así como el derecho al ascenso o la promoción en la carrera policial se erige como un derecho reconocido por el Tribunal Constitucional, así como el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos.