Cinco bancadas a favor de que empresas con socios procesados no contraten con el Estado

La iniciativa plantea que las compañías con “socios, directores, gerentes, representantes legales o personas vinculadas que estuviesen siendo procesados, cuenten con acusación fiscal o hayan sido sentenciados en primera instancia por delitos de corrupción” queden prohibidas de contratar con el Estado.

La norma también aplica para aquellas compañías cuyos directivos hayan admitido y/o reconocido delitos ante alguna autoridad.

“Tratándose de consorcios, el impedimento se extiende a los representantes legales o personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del consorcio”, agrega el texto.

Recibe apoyo

Desde Perú Libre, Acción Popular (AP), Juntos por el Perú (JPP) y Renovación Popular (RP) anunciaron que aprobarán dicho proyecto de ley.

“Hay que mejorar algunas cosas, pero en lo general me parece positivo y en principio lo apoyaré, porque ya es hora de que el Estado evite contratar con estas empresas que tienen malas prácticas”, dijo José Balcázar, de PL, a Gestión.

El también vicepresidente de la Comisión de Justicia indicó que dicha iniciativa será priorizada en el grupo de trabajo. “Estimamos que el debate iniciaría a partir del próximo martes 9 de noviembre”, manifestó.

Agregó que se convocará a los representantes de los gremios empresariales, como Confiep y la CCL, así como se solicitará la opinión del Ministerio de Justicia, Poder Judicial, entre otros.

Tienen responsabilidad

Por su parte, Esdras Medina, de RP, no solo dijo que apoyará la norma, sino que planteará hacer un seguimiento para que se aplique la ley.

“En la mayoría de los casos, los socios y directivos investigados abandonan la compañía y se van a otras empresas, y siguen contratando con el Estado”, cuestionó.

José Arriola, de AP, consideró que estas compañías así hayan retirado a sus directivos cuestionados, tienen responsabilidad. “Se debería incluir en la norma que será una causal de rescisión de contrato si la compañía recontrata a este personal”, dijo a este diario.

Ruth Luque, vocera de JPP, agregó que en el texto también se debería precisar que estas empresas no puedan contratar, así cambien de personería jurídica.

Desde Fuerza Popular se mostraron más cautos (ver en corto).

Responsabilidad penal es individual

Con pinzas. El legislador de Fuerza Popular, José Ventura, dijo que evaluará bien el proyecto de ley antes de tomar una decisión en la Comisión de Justicia. “En el Perú las responsabilidades penales son personalísimas. Si mañana me sindican como autor del delito, la responsabilidad es mía”, dijo tras precisar que hay que evaluar bien el tema para evitar cualquier vulneración al principio de inocencia.