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El juez de EE.UU. que lleva el caso de extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) rechazó este viernes la petición de la Fiscalía de que el exmandatario ingrese en prisión y mantuvo su arresto domiciliario hasta que se resuelva definitivamente su extradición.
En un escrito al que tuvo acceso Efe, el magistrado Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California admitió que Toledo sigue presentando un riesgo de fuga, pero alegó que el deterioro tanto de su salud como de la de su esposa, Eliane Karp, “mitigan” esta posibilidad.
“Ambos necesitan tratamiento médico continuado, y (en Estados Unidos) tienen una situación vital estable que les permite acceder a este tratamiento”, justificó Hixson en su orden.
El juez dio así la razón a la defensa de Toledo, que pidió no ingresar en prisión porque a sus 75 años es más vulnerable ante una hipotética infección de COVID-19, además de que la cárcel sería perjudicial para su salud mental, “que ya se encuentra en declive”.
El expresidente peruano también argumentó que todavía se está recuperando de una caída que sufrió en julio en la que se rompió el hombro derecho y tuvo que ser operado, y que su esposa tiene artrosis degenerativa en la cadera, por lo que también tiene que ser sometida a una operación.
“Encarcelar a Toledo sería una crueldad innecesaria”, concluyó el magistrado.
Hábeas corpus de Alejandro Toledo
A finales de septiembre, y tras un proceso judicial que se alargó por más de dos años, Hixson avaló que el exmandatario sea extraditado a Perú, donde está acusado de haber recibido sobornos en su etapa como presidente.
Tras ese fallo, Toledo presentó un recurso de “habeas corpus” que todavía se tiene que resolver, y se encuentra también a la espera de lo que decida el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, que es la autoridad que en última instancia debe ordenar que se proceda con la extradición.
El exmandatario fue detenido en julio de 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años y estuvo ocho meses en prisión al apreciar el juez un riesgo de fuga, aunque finalmente pudo salir de la cárcel y pasar a una situación de arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de COVID-19.
Según las investigaciones de la Fiscalía peruana, el exmandatario habría recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú, cuando aún era jefe del Gobierno.
