En enero se registraron 1,261 acciones colectivas de protesta, la cifra más alta desde que se inició el registro de protestas, informó la Defensoría del Pueblo.
Del total, 1,093 (86.7 %) están relacionadas al conflicto vinculado a la crisis política, en la que un sector de manifestantes rechaza el gobierno de Dina Boluarte pide adelanto de elecciones y que se instaure una Asamblea Constituyente.
Además, se detalló que de las 1,261 protestas sociales, el 38.4 % fueron movilizaciones, el 20.3 % corresponden a bloqueos de vías, y el 17.1 % respondieron a los plantones o concentraciones del momento.
Decesos
Según el Reporte de Conflictos Sociales n.° 227, durante el mes de enero, en el marco del conflicto relacionado a la crisis política, 31 personas murieron (30 civiles y 1 policía) y 856 resultaron heridas (590 civiles y 266 policías).
Del total de fallecidos, 26 perdieron la vida en enfrentamientos, 4 murieron producto de accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo de vías, uno por hechos de violencia vinculados al conflicto.
Lo que implica que 60 personas fallecieron desde diciembre del año pasado.
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Conflictos sociales
Existen 219 controversias y 156 están activos y 63 latentes y se observa que Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (30 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (20) y Apurímac (17).
En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (64.4 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007.
Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 66.7 %.
Mientras tanto, se resolvieron dos casos, uno de estos se registra en Huánuco, donde la ciudadanía reclamaba al alcalde distrital de Umari la rendición de cuentas de la gestión municipal.
Al respecto, el 21 de diciembre se abrió la Municipalidad Distrital de Umari para reiniciar el proceso de transferencia entre las gestiones entrante y saliente. Actualmente, al haber asumido funciones la nueva gestión del gobierno local, la medida de fuerza iniciada contra la anterior administración ha quedado sin efecto.
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El otro caso involucró a las organizaciones de pescadores artesanales de las provincias de Sechura, Paita y Talara, las cuales exigían la derogación de la Ley n.° 31622, Ley que fortalece la persecución penal de los delitos contra los recursos naturales.
Con la promulgación de la Ley n.° 31673, que modifica la Ley n.° 31622, al tener por objeto despenalizar la pesca artesanal y capturas incidentales; no se han vuelto a registrar protestas por parte de las organizaciones de pescadores artesanales.
Diálogo
Del total de casos activos, el 66.7 % (104 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 82 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 82.1 % (87 casos) corresponde a casos socioambientales.