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Las empresas mineras en Perú están comenzando a sumarse a un nuevo enfoque más suave para resolver los conflictos sociales que amenazan a algunas de las mayores operaciones del mundo de cobre, zinc y plata, afirmó la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.
Afirmó que “los Gobiernos anteriores tendían a enviar militares para hacer frente a las protestas mineras, lo que provocó heridos, muertes y un resentimiento latente entre las comunidades rurales aisladas”.
En una entrevista con Bloomberg dijo que la nueva estrategia de respetar el derecho a protestar mientras se negocian acuerdos duraderos puede llevar más tiempo, pero está comenzando a dar sus frutos.
“Las empresas están en un interesante proceso de reflexión. Aunque estos caminos se vean más largos, no hay mejor escenario para ellos de inversión que estos escenarios sostenibles de tranquilidad”.
El Gobierno de Pedro Castillo fue criticado por la industria por su manejo de una gran cantidad de demandas de la comunidad que van desde el cierre de algunas minas por preocupaciones ambientales hasta compartir más los beneficios económicos.
Las tensiones alcanzaron su punto máximo el mes pasado con el cierre de mina Las Bambas de MMG Ltd. en medio de bloqueos a lo largo de una carretera utilizada para enviar cobre al puerto.
Pero finalmente se llegó a un acuerdo preliminar con las comunidades para levantar los bloqueos de carreteras y permitir la reanudación de las operaciones.
Eso está ayudando a aliviar las tensiones en un país del que depende el mercado del cobre para ayudar a satisfacer la creciente demanda en la transición hacia la energía limpia.
Castillo, un exdirigente sindical que llegó al poder por un amplio voto rural, quiere reemplazar sangrientas batallas del pasado con diálogo, soluciones a la medida, una mayor presencia estatal para asegurar el cumplimiento y prevenir estallidos, y canalizar más recursos hacia áreas de alto nivel de conflicto, dijo Vásquez.
Las Bambas “está bastante abierta a entrar en este nuevo modelo, a discutir cómo incorporar a las personas a la cadena de valor y generar menor impacto en la población”, agregó.
Otras empresas atrapadas en conflictos sociales, como Hochschild Mining Plc, también han agradecido la oportunidad de mejorar los procesos, aseguró la primera ministra. Algunos en la industria continúan pensando que el Estado está ahí para reprimir, dijo. “A estas personas se les debe demostrar que la mano dura no ha funcionado”.
El Gobierno está trabajando con el Banco Mundial en formas de fortalecer progresivamente la supervisión ambiental, con sanciones para los incumplidores y reglas más estrictas para las áreas vulnerables, especialmente frente al cambio climático.
También está preparando un estándar para áreas protegidas para prevenir la minería ilegal y quiere redistribuir los ingresos fiscales de la industria.
“Queremos revisar el canon minero para que los recursos que provienen de la actividad extractiva vayan realmente a las comunidades más cercanas a esta actividad”, dijo.
