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La ministra del Ambiente, Albina Ruiz, informó que su sector elaborará un primer estudio de valoración económica de los impactos del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla el pasado enero de 2022.
El análisis no solo contemplará la actividad económica de pescadores y colaterales de la playa, sino también la biodiversidad.
Ruiz explicó que se trata de un plan ‘Posdea’, posdeclaratoria de emergencia, porque es necesario una clase de estudio de este tipo durante esta fase. Entre los involucrados en este nuevo análisis figuran los ministerios del Ambiente, Salud, Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego y de la Producción.
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“Cuando hay un derrame como este la recuperación ambiental no es inmediata. Si bien la naturaleza hace su propio trabajo, necesitamos también tener un plan de remediación, y eso significa que seguimos monitoreando”, dijo para la agencia Andina.
La funcionaria que este plan posdeclaratoria de emergencia contempla hacer cuatro monitoreos al año, en lo que es el fondo marino y peñascos, en los 97 puntos afectados por el petróleo y contará con la presencia de pescadores.
“Les hemos pedido (a los pescadores) que sean veedores y partícipes del proceso. Van a participar en la toma de muestras porque quién mejor que ellos que conocen dónde están los 97 puntos, y también van a custodiar las muestras hasta que sean entregadas a los laboratorios porque los análisis no se hacen en los laboratorios de la OEFA”, indicó.
Asimismo, la ministra comentó que han precisado a la empresa Repsol que el Estado es el único que pueda anunciar, a través de estudios, que todas las playas afectadas por el derrame de petróleo están libres de hidrocarburos.
En esa línea explicó que un monitoreo de hidrocarburos debe hacerse de forma permanente. Citó como ejemplo que el 7 de enero han realizado nuevamente una toma de muestras luego que su sector informó que 10 balnearios de Lima continúan afectados por el petróleo.
De otro lado, la titular del Ministerio del Ambiente (Minam) anunció que su sector trabaja en un proyecto de ley para articular acciones en el momento de una declaratoria de emergencia de ambiental a fin de una mejor respuesta ante un derrame de petróleo como el ocurrido a inicios del 2022.