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La Defensoría del Pueblo exhortó al Congreso de la República a archivar el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para condonar las multas impuestas a transportistas desde el inicio de la pandemia del COVID-19, pues consideró que promoverá la informalidad en el sector al desincentivar el cumplimiento de las normas de tránsito y de transporte terrestre, generando un aumento de en la ocurrencia de los accidentes de tránsito.
En un documento dirigido al titular de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Legislativo, Alejandro Soto Reyes, la entidad aseguró que la iniciativa del Ejecutivo constituye un serio retroceso en la implementación de una política de transporte seguro y de calidad, así como un nuevo debilitamiento de la institucionalidad del sector. Incluso, remarcó que la medida aleja al Estado de su deber de brindar solución a los graves problemas de inseguridad vial que afronta nuestro país.
Además, la Defensoría del Pueblo recordó que, en los últimos cinco años, se han producido más de 406.000 accidentes de tránsito, los que han ocasionado la muerte de más de 14.000 personas y han dejado heridas o en situación de discapacidad a más de 268.000 ciudadanos.
“Según cifras oficiales de la Policía Nacional, solo en 2021 se produjeron 74 624 accidentes de tránsito, con un repunte de más del 40% en la cifra de personas fallecidas respecto del año anterior”, indicó la Defensoría del Pueblo.
También enfatizó que las principales causas de los accidentes registrados durante el 2021 son la imprudencia del conductor (28,22 %), seguida por el exceso de velocidad (27,62 %) y la ebriedad del conductor (6,56 %). Además, el factor humano representó la causa del 79,51 % de los accidentes ocurridos en la última década.
“Como puede apreciarse, la mayor parte de los accidentes de tránsito se produce como consecuencia de infracciones de tránsito a cargo de quienes conducen vehículos, por lo que resulta inaceptable que el Poder Ejecutivo busque amnistiar las faltas directamente relacionadas con los siniestros viales, tal como figura en el proyecto de ley presentado”, sostuvo la adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas (Amasppi) de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, en el documento dirigido a la comisión del Parlamento que analiza el tema.
La funcionaria precisó que si bien las medidas dispuestas por la pandemia del COVID-19 menoscabaron la economía nacional y repercutieron en el sector transportes, la disminución de los ingresos no puede ser justificación para cometer infracciones de tránsito o de transporte que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas. Por el contrario, consideró que la conducción imprudente viola las normas de circulación y genera accidentes de tránsito, y por tanto, merece la imposición de la respectiva sanción.
Finalmente, advirtió que el proyecto de ley equipara injustamente a quien infringe y a quien cumple la ley, y que coloca en una situación desventajosa a infractores que cumplieron con el pago de sus multas y asumieron las medidas adicionales que correspondían a sus respectivas papeletas y actas de control.
El documento concluyó con un pedido para que se solicite la opinión de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Municipalidad Provincial del Callao, en calidad de instituciones representativas de las ciudades que registran la mayor cantidad de accidentes de tránsito, así como de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y de la Asociación de Municipalidades del Perú, debido a la afectación de sus competencias.
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