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El Pleno del Congreso de la República aprobó ayer, por mayoría, el informe final de la investigación a los organismos reguladores, supervisores, de vigilancia de vigilancia, de control y de sanción, durante los últimos cinco años, para determinar responsabilidades, así como para proponer reformas normativas e institucionales que fortalezcan el rol regulador del Estado en protección de los consumidores.
La votación fue de 77 votos a favor, 0 votos en contra, y 15 abstenciones.
Esta investigación fue encomendada por el Parlamento a la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Público en función de la Moción de Orden del Día 11072, propuesta por el titular de la mencionada comisión el 10 de junio de 2020, y admitida por la Representación Nacional el 21 de agosto del mismo año. El plazo fue de 180 días calendario.
El ámbito de la investigación comprendió a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud); al Instituto nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi); a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); y al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
También, se incluyó al Organismo Supervisor de la Inversión en infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran); a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamientos (Sunass); a la Superintendencia de Transporte Terrestre de personas, carga y mercaderías (Sutran); y a la Dirección General de Medicamentos, insumos y Drogas (Digemid).
La vicepresidenta la comisión, Robertina Santillana Paredes (APP), fue la encargada de exponer las conclusiones y recomendaciones de este informe.
Manifestó que luego de una serie de hallazgos en cada uno de los organismos investigados, se recomienda que “se debe reemplazar la Ley Marco de Organismos Reguladores, creando una Comisión Nacional Reguladora que agrupe a todos los organismos (…), cuyos consejos directivos deberán ser comisionados a tiempo completo para el desarrollo de sus funciones (…)”.
Con la finalidad, continuó, de “evitar la injerencia política y generar organismos autónomos, técnicos y transparentes, en favor de los consumidores y usuarios, la elección de los miembros del Consejo Directivo” de Indecopi, Osiptel, Osinergmin, Sunass, Susalud y la SBS que “debe ser por concurso público”.
Aseveró que es necesario revisar el modelo regulatorio para que se adopten los mecanismos más rápidos de seguimiento y supervisión, teniendo como eje las afectaciones a los consumidores”.
Asimismo, se debería crear la Agencia Nacional de Salud (equivalente al Food & Drugs Administration de los Estados Unidos), que unifique el Digemid, Digesa y Susalud.
La nueva entidad tendría un régimen de estabilidad similar al de los organismos reguladores y con autonomía funcional y presupuestaria del Ministerio de Salud.
