El miércoles 14 de abril, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República aprobó de manera unánime el dictamen que autoriza al sector privado y los gobiernos regionales a adquirir vacunas COVID-19.
El dictamen recaído en 20 proyectos de ley, presentados por distintas bancadas parlamentarias, busca garantizar el acceso a la vacuna contra el Sars-CoV-2. Esta norma señala que las instituciones deben cumplir con los requisitos y autorización sanitaria aplicada a las vacunas que adquiere el Estado, así como no se puede trasgredir el artículo 234 del Código Penal (Cárcel por acaparamiento y especulación).
Asimismo, el dictamen instituye que el sector privado puede destinar las dosis para sus trabajadores y núcleo familiar. También destinar no menos del 30% de su compra para asistencia social en la zona donde desarrolla su actividad económica. Especifica que el acceso a vacunas será gratuito y universal en los establecimientos de salud públicos.
Como se recuerda, desde inicios del 2021, existe la propuesta para que las empresas privadas pueden importar y distribuir vacunas a sus trabajadores, lo cual permitirá agilizar la inoculación y alcanzar en menor tiempo el 70% de la población inmunizada lo cual reducirá el impacto de la pandemia en la salud y la vida.
Sin embargo, Antonio Pratto, miembro del Comando Vacuna, reiteró que este dictamen, que será elevado a pleno del Congreso para su debate y votación, no favorecerá porque los laboratorios que producen la vacuna no están negociando con empresas privadas. “Para mí es un saludo a la bandera, un acto político, pero en la práctica eso no va a funcionar”, dijo a Gestión.pe.
Pratto recordó que según datos de la Duke Global Health Innovation Center, de las más de 15 mil millones de dosis que han sido vendidas a los países, ninguna se ha distribuido a empresas privadas, sino a gobiernos.
“No sé a quién le podrían comprar, un revendedor, bróker, lo cual podría prestarse a posibles estafas como ocurrió en México que compraron vacunas supuestamente Sputnik a un revendedor y eran falsas. Hay que tener cuidado con ello”, remarcó.
Agregó que no es el momento para que los privados vacunen y negocien vacunas porque aun la oferta es escasa. Sin embargo, destacó que es importante el apoyo de los mismos al Gobierno durante el proceso de vacunación.
“Cuando la oferte aumente, los privados van a tener que importar, así como ocurre con las vacunas contra la influenza o cualquier otra. Todos pueden hacerlo, no es necesaria ninguna ley. Lo que pasa es que no hay quién venda las dosis”, aseguró.
Por su parte, Omar Neyra, doctor en Salud Pública, sostuvo que en la medida que el Gobierno intervenga en un proceso público-privado, brinda más seguridad a la compra de dosis e incluso, se podrían obtener más vacunas en de un laboratorio reconocido y evitar toparse con una vacuna falsa.
“El Gobierno podría trabajar con un sector con experiencia y apoyarse para conseguir la mayor cantidad de vacunas posible que es lo que falta”, manifestó.
Finalmente, Pratto sostuvo que, de todas maneras, el sector privado debe importar vacunas, pero cuando exista mayor demanda. Sin embargo, cuestionó el dictamen del Legislativo.
“Todo lo que salga de este Congreso, para mí no me pinta bien. Ha demostrado estar en contra del sector privado y eso se ve en todas las leyes que ha dado. Me parece raro que ahora saque una ley a favor de los privados, que no lo necesitan”, concluyó.