Minería y criterios de distribución de riqueza

La minería no es una opción para el país, es una necesidad. Además de establecer un marco jurídico y político estable para los inversionistas, el gran reto es mejorar la capacidad de gestión estatal para ejecutar el gasto público financiado con los recursos generados por la actividad minera, así como para rendir cuenta de dicha ejecución.

El canon minero es la participación de los gobiernos distritales y regionales sobre el 50% del Impuesto a la Renta pagado por los titulares de la actividad minera por la explotación de recursos minerales. Solo hasta febrero del 2021, S/ 1,144 millones, equivalentes a más de US$ 300 millones, fueron transferidos a las regiones como resultado de la contribución de la minería a la economía nacional, por concepto de canon, regalías, derecho de vigencia y penalidades, siendo el primero de estos el más relevante, llegando esta vez a S/ 738 millones del monto total transferido.

Respecto de la distribución del canon minero, un estudio del Banco Mundial publicado hace dieciséis años, en el 2005, recomienda mayor atención en las siguientes áreas: “(i) diseminación de la información financiera con respecto a la gestión local de recursos tras el desembolso del canon minero a las regiones y municipios; (ii) capacitación a nivel regional y local para la implementación de un sistema contable efectivo y para crear la capacidad de financiar y monitorear proyectos; (iii) diseminación de las fuentes y destinos de los ingresos de todas las partes interesadas involucradas (inclusive el de la sociedad civil y las ONG); y (iv) mejores mecanismos para canalizar los ingresos procedentes de la minería, de tal manera, que se dirijan a la resolución eficaz de los problemas ambientales y sociales creados por las operaciones mineras.”

En resumen, el citado estudio plantea tres conceptos clave para que nuestras autoridades mejoren el uso y distribución del canon: capacitación, gestión y transparencia fiscal.

Otro estudio publicado en el 2016 también por funcionarios del Banco Mundial, insiste en ciertas áreas que requieren de mayor investigación con relación a la reducción de la pobreza y la desigualdad a raíz del auge de los commodities (2).

La primera de ellas es la conexión entre el conflicto social y la extracción de recursos naturales, lo que implica volver a analizar los criterios económicos de distribución del impacto de la minería, el manejo político de los gobernantes locales y la idiosincrasia de las comunidades campesinas y nativas, entre otros.

La segunda área invita a repensar la utilidad de las transferencias fiscales a favor de los gobiernos locales, considerando corregir las imperfecciones del proceso de descentralización.

Todos los puntos mencionados no están en modo alguno desfasados. Por el contrario, ameritan reflexión y parecen aplicar más que nunca al contexto actual. La cantidad de recursos aportados por la minería al país no es el foco de preocupación, sino la calidad del gasto público y la zona en la que éste se ejecuta.

La transparencia fiscal empieza en el gobierno central, con el MEF y el Minem a la cabeza, pero el mismo nivel de rendición de cuentas debe mantenerse a nivel de las autoridades regionales y locales a las que se les distribuye dichos recursos.

(1) Riqueza y Sostenibilidad: Dimensiones Sociales y Ambientales de la Minería en el Perú. Banco Mundial, 2005.

(2) The Local Impact of Mining on Poverty and Inequality: Evidence from the Commodity Boom in Peru. Banco Mundial, 2016.