Las constituciones económicas en América Latina: ¿regreso a los 80?

La historia reciente de las constituciones económicas en América Latina ilustra la estrecha relación entre las corrientes ideológicas prevalecientes en un momento dado en el mundo (y en la región), y el régimen económico recogido en las constituciones latinoamericanas, y, quizá, pueda darnos luces sobre el camino por delante.

En la década de los 80 la mayor parte de las constituciones económicas en América Latina recogían una suerte de régimen “híbrido” de organización económica, en el que, sorprendentemente, coexistían conceptos como libertad económica con el rol planificador del Estado. La Constitución del 79 de Perú consagraba el ejercicio de la libre iniciativa privada en una economía social de mercado (artículo 115) y, a la vez, encargaba al Estado la elaboración de planes de desarrollo de obligatorio cumplimiento (artículo 111), bajo un gaseoso concepto de “pluralismo económico”. La Constitución del Uruguay de 1967 garantizaba la libertad para dedicarse a cualquier empresa (artículo 36), pero también reservaba para las empresas públicas (Entes Autónomos) los servicios de dominio exclusivo del Estado (artículo 185). La Constitución de Bolivia de 1967 proclamaba la libertad de industria de los ciudadanos (artículo 7, inciso d), y al mismo tiempo establecía que el Estado debía formular periódicamente el plan general de desarrollo económico y social del país, de obligatorio cumplimiento (artículo 144). Estas contradicciones evidencian la fuerte lucha ideológica existente en esos años entre el modelo capitalista occidental y el modelo de planificación estatal de la Unión Soviética, principalmente.

En los años 90, luego de la caída del Muro de Berlín (1989) y de la Unión Soviética (1991), se produjo una suerte de hegemonía ideológica del liberalismo, que incluso impulsó, algo prematuramente quizá, a autores como Fukuyama a anunciar el fin del debate ideológico: el liberalismo había triunfado sobre el comunismo (Fukuyama, Francis, The End of History, 1992). Diversas constituciones económicas de América Latina se reformaron en esa línea, en torno al Consenso de Washington acuñado por Williamson (1989). Chile (en 1980, notablemente), Colombia (1991), Paraguay (1992) y Perú (1993), por ejemplo, consagraron con claridad (al menos en el texto) en sus constituciones económicas el libre mercado como sistema de organización económica, otorgando al Estado un rol subsidiario y esencialmente regulador de las fallas del mercado.

Sin embargo, a partir de los años 2000, y con mayor énfasis durante la última década, la anunciada hegemonía del liberalismo parece estar bajo ataque en diversas partes del mundo. El reclamo, con razón o sin ella, sobre inequidades subsistentes en la distribución de la riqueza (extendido ahora a países desarrollados); problemas globales graves no resueltos como la protección del medio ambiente; o los obvios excesos de los mercados financieros, parecen cuestionar las bondades de la globalización y el libre comercio, alimentando presiones para una mayor intervención estatal en la economía (The Economist, The New Interventionism, Enero 2022), agravadas en América Latina por la ineficiencia de un Estado colapsado y la corrupción en los negocios, que ha deslegitimado al sector público y privado.

En este contexto surgen en América Latina las constituciones económicas “bolivarianas”, fuertemente ideologizadas, que, en buena cuenta, propugnan el rol del Estado en la asignación de recursos como un sistema alternativo (contrario) a la economía de mercado (Venezuela, 1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009). (Salinas, Las Constituciones Económicas Bolivarianas | Lampadia). En la actualidad, América Latina discurre entre 3 grupos de constituciones económicas: las “híbridas” de los 80 (Uruguay, Argentina, Brasil, Costa Rica); las liberales de los años 90 (Perú, Colombia, Chile, Paraguay) y las bolivarianas, desde el 2000 (Venezuela, Ecuador, Bolivia).

¿Hacia dónde va América Latina? El bolivarianismo anti-mercado no parece una opción mayoritaria en Chile o Perú, y la posibilidad de establecer un modelo escandinavo de intervención estatal complementaria al mercado parece inviable en la región, al menos en el corto plazo, por el alto costo y capacidades públicas que demanda sostener un Estado de esas características (el PBI per cápita de Dinamarca es casi 5 veces el de Chile, a precios constantes 2015 https://data.worldbank.org/country ). Países como Perú, Chile o Colombia enfrentan el riesgo de retroceder a una versión actualizada del régimen económico híbrido de los 80, donde coexistan, mal y peor, la iniciativa privada con una fuerte intervención del Estado, con los ya conocidos resultados de crisis fiscal y fuerte caída de la inversión privada. La batalla regional es, claramente, por defender el modelo capitalista, corrigiendo al mismo tiempo las fallas detectadas, para no perder 25 años de desarrollo. Ardua tarea.