Fondos de pensiones en Argentina: la confiscación

La experiencia argentina de confiscación de los fondos de pensiones es un caso de populismo extremo y único en el mundo. Significó traspasar al régimen de reparto más de US$ 31,000 millones acumulados por los afiliados en sus cuentas de capitalización individual, equivalentes a 12% del PBI. La confiscación fue innecesaria, no se sustentó técnicamente y ha tenido efectos altamente negativos.

Los argumentos que pretendieron justificarla, entre ellos la protección de los afiliados ante la desvalorización de las inversiones debido a la crisis financiera del 2008, el cobro de altas comisiones por parte de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), y el impacto del sistema sobre el déficit fiscal, no tuvieron fundamentos reales. La verdadera razón fue la necesidad de lograr mayor financiamiento para programas que permitieran retener apoyo político, concediendo beneficios sociales amplios y generosos. Entre estos beneficios estuvieron las moratorias, que permitieron a cerca de cuatro millones de personas recibir prestaciones sin cumplir con los requisitos. La crisis internacional fue un pretexto y una oportunidad para el populismo, cuando estaban programadas elecciones legislativas en el 2009 y presidenciales en el 2011. Además, el gobierno quiso evitar una crisis fiscal en el 2009, cuando Argentina debía pagar montos significativos de deuda. Otra razón para la confiscación fue la politización de las inversiones.

En una primera etapa, se alentó el traspaso de los afiliados a reparto, con medidas tales como el incremento de 76% en sus prestaciones. Estos incentivos fueron un fracaso, pues solo lograron que 5% a 10% de los aportantes se traspasara, hasta que en el 2008 el sistema de capitalización fue eliminado.

La confiscación no fue sustentada en estudios actuariales, tuvo escaso debate público y parlamentario y fue aprobada en menos de dos meses. Se eliminó la capitalización individual, los afiliados fueron traspasados a reparto y los fondos transferidos al Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS). El gobierno tiene una injerencia directa en la administración de este Fondo, sin que exista una entidad técnica especializada de control.

Además del perjuicio a los afiliados, la confiscación ha significado un vaciamiento de los fondos, por la falta de autonomía en su administración, la politización de las inversiones, la opacidad de la información pública sobre su desempeño y la existencia de una fiscalización débil y también politizada. Un miembro del Consejo de Seguimiento del FGS, que es representante de los trabajadores, dejó constancia en acta de noviembre del 2019 que “se ha producido un vaciamiento del FGS por parte de la gestión a cargo”. Adicionalmente, en el 2020 se publicó la Ley 27254, denominada “Defensa de los Activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad”. Su nombre nos indica el objetivo principal que tuvo.

Posconfiscación y hasta marzo del 2021 aumentaron las inversiones en títulos públicos y la exposición a proyectos productivos, infraestructura y préstamos. Estas últimas inversiones están subsidiadas y son de dudosa cobrabilidad, mientras que los títulos públicos tienen un valor menor al contabilizado y es incierta su capacidad de pago. Entre ambos tipos de inversiones suman casi 90% del FGS a marzo del 2021.

Se estima que 53% de los trabajadores cuyos fondos fueron confiscados no tendrán derecho a pensión bajo el régimen de reparto. Los futuros jubilados enfrentan inseguridad respecto a los beneficios que recibirán, por los problemas financieros del reparto, las experiencias históricas negativas con este sistema y el riesgo de desvalorización de las pensiones.

En el Índice Global de Pensiones de Mercer CFA 2020, el sistema de pensiones argentino se ubicó en el penúltimo lugar entre 39 países.