Economista
En un sentido amplio, la política es la fábrica de las políticas económicas y estas -a su vez- afectan la marcha de la economía, en sus diferentes sectores.
En los últimos 20 años hemos vivido recurrentes crisis políticas. Desde caídas de ministros hasta caídas de consejos de ministros, mientras que la economía no parecía verse muy afectada. En verdad, cada ministro traía sus propios sesgos, conocimientos y preferencias. Sin duda, a su paso por cada cartera marcaban el sector. Sin embargo, el marco general sectorial no era alterado, salvo algunas excepciones.
A nivel macroeconómico tampoco se alteraba la estabilidad fiscal ni monetaria. Los ministros de Economía cerraban filas con la solvencia fiscal y la política monetaria seguía el mismo patrón con la estabilidad de la meta de inflación y el buen funcionamiento del sistema de pagos. Por ello, ingenuamente, se formó la errónea idea de que la economía y la política caminaban por cuerdas separadas. El ciclo económico y la evolución del dólar eran más afectados por choques exógenos, tanto de origen externo como climático; mientras que la aprobación presidencial seguía su propia dinámica.
Sin embargo, con el agotamiento de las reformas sectoriales y la debilidad institucional, la productividad de los factores comenzó a deteriorarse y con ello el crecimiento económico de largo plazo perdía dinamismo. La productividad, finalmente, es el reflejo de la falta de políticas públicas eficientes en todos los sectores y en general de la débil institucionalidad estatal.
Con la elección del profesor Castillo y la llegada de diversos cuadros políticos de hasta cuatro agrupaciones de izquierda, la política económica -tal como la conocemos hasta hoy- está bajo presión. Más allá de mantener la estabilidad macroeconómica, expresada en la evolución del riesgo país y las expectativas de inflación, es el crecimiento económico el que está en riesgo. Además de las políticas sectoriales en cada cartera, tenemos la amenaza de cambiar el capítulo económico de la Constitución.
Por si fuera poco, la estabilidad política misma está en juego. En la opinión pública se viene discutiendo desde una soterrada intención de cerrar el Congreso hasta una posible vacancia presidencial. La primera sería para forzar a una nueva elección y acumular fuerzas para una Asamblea Constituyente. La segunda sería la respuesta ante una amenaza totalitaria. Obviamente, si ocurriese alguno de estos extremos la marcha de la economía sería fuertemente afectada en diversos sentidos.
Descartando -por ahora- esos escenarios extremos, si los actuales equilibrios de fuerzas en la opinión pública y en el Congreso se mantienen, la inversión privada comenzaría a mostrar tasas de crecimiento negativas en los próximos trimestres. El grado de caída dependerá de la continuidad de la actual política macroeconómica de estabilidad fiscal y monetaria.
El Gobierno, con bajo respaldo de la opinión pública y con minoría en el Congreso, solo tiene un camino para el éxito relativo de su gestión si logra bajar el tono de confrontación y forma un gabinete que refleje mejor las necesidades de la población. En lugar de solo reflejar un “cuoteo” del poder en función de los aliados de la segunda vuelta.
A diferencia de los últimos 20 años, donde aparentemente la política (aproximada por la aprobación presidencial) y la economía (aproximada por las expectativas de crecimiento de corto plazo) parecían estar en cuerdas separadas, en la era Castillo ambas estarán muy interrelacionadas. Por ahora, la primera víctima parece ser el crecimiento económico de largo plazo.