Socio de PwC Perú
La gestión tributaria de una compañía dejó de ser una simple tarea de compliance o cumplimiento que se agota con la presentación de la declaración jurada. La gestión fiscal no es más una tarea que deba ser abordada exclusivamente por el contador y el gerente financiero. Una adecuada gestión tributaria merece ser discutida, revisada y planificada desde la mesa de directores e implementada transversalmente.
Efectivamente, los encargados de la función de impuestos tienen hoy en día un rol más estratégico. Una correcta gestión fiscal, además del oportuno pago de impuestos, debe apuntar a alcanzar objetivos como: 1) mejorar la posición de caja de la empresa; 2) ser eficientes en la implementación de planes de expansión de mercados y actividades; 3) ser eficientes en la implementación de nuevos procesos o sistemas; 4) no caer en situaciones de exposición fiscal o medir y mitigar el riesgo si este es ineludible; 5) la automatización de algunos procesos de tributarios; y 6) aumentar la rentabilidad del accionista, entre otros. La determinación del impuesto por pagar y la presentación de la declaración jurada, aun cuando son actividades muy importantes, son consecuencias operativas de la gestión fiscal.
Recordemos que cualquier medida que se tome para el desarrollo de las actividades de la empresa tiene como correlato un componente financiero y, por tanto, un posible impacto fiscal. Desde las decisiones del día a día, como son, por ejemplo; la incorporación de un jefe comercial; la contratación de consultorías especializadas; el diseño de empaques; el alquiler de locales comerciales o la implementación de políticas de pago a proveedores, hasta decisiones más relevantes y complejas, como; la inversión en maquinaria o intangibles; la construcción de una nueva planta; la compra de una línea de negocio del competidor, el inicio de un proceso de expansión internacional y tomar financiamiento bancario o en el mercado de capitales, todas estas decisiones, en menor o mayor medida, son potencialmente generadoras de consecuencias fiscales, es decir, de un mayor o menor pago de impuestos, de la generación de un escudo fiscal o el agotamiento de un saldo a favor y, por tanto, de la utilización de la caja disponible o de la contabilización de un gasto por impuesto.
Una decisión financiera relevante, que no haya medido anticipadamente el impacto fiscal, puede generar un costo igual o más relevante aún, afectando la utilidad proyectada y, con ello, provocar el fracaso de un proyecto que en papeles aparentaba ser exitoso. Precisamente, es en la gestión tributaría de estas decisiones, las más relevantes, que el Directorio debe participar activamente, estableciendo lineamientos y políticas que se condigan con el objeto de la empresa. Su deber de velar por el bienestar de la compañía los compromete a realizar los esfuerzos necesarios para cumplir la ley, ser responsables socialmente y entregar la rentabilidad esperada por el accionista.
Nótese que la responsabilidad social de las empresas involucra el correcto y oportuno pago de los impuestos, contribuyendo de esta forma con el crecimiento del país. Ello, sin embargo, no se contradice con una gestión tributaria estratégica.
Además de las consecuencias que impactan directamente los estados financieros de las compañías, nuestra legislación tributaria ha atribuido expresamente un papel protagónico al Directorio en cuanto ciertas decisiones fiscales y de alguna manera lo obliga a involucrarse directamente en ellas. Es el caso de la responsabilidad (aunque la ley la llame “facultad”), asignada en forma indelegable al Directorio, de definir la estrategia tributaria y de aprobar los actos o transacciones que se realicen en el marco de una planificación fiscal, pudiendo llegar a establecerse incluso la responsabilidad solidaria de los directores, en caso actúen en forma negligente.
Como se advierte de lo expuesto, es necesario y conveniente que el Directorio esté involucrado en la gestión tributaria, no para atender las situaciones del día a día, pero si para definir rutas de acción estratégicas que permitan tomar mejores decisiones, anticipar costos y riesgos fiscales, alcanzar los objetivos sociales y comerciales de la empresa y lograr la rentabilidad esperada.
Dicho involucramiento se inicia, en todos los casos, manteniendo un canal de comunicación abierto y fluido con el equipo interno de impuestos. Otras medidas adicionales, no excluyentes, son: la incorporación de un especialista tributario como miembro del Directorio (lo que representa un reto, dada la especialidad y la cantidad de espacios disponibles para los directores), implementar un comité tributario en el que participen los directores de la empresa, el equipo interno y los asesores fiscales, revisar periódicamente las transacciones inusuales de la compañía para evitar caer en supuestos de elusión tributaria y la creación y revisión periódica una matriz de riesgos fiscales.