CENSURA. Con el voto a favor de 78 parlamentarios, el Congreso censuró por cuarta vez a un ministro en menos de un año, dejando así fuera del gabinete al quinto titular de la cartera del Interior desde que Pedro Castillo asumió el Gobierno. La censura contó, incluso, con el apoyo de miembros de la bancada de Perú Libre, pues a criterio de su vocero no se ha mostrado contundencia en la lucha contra la corrupción.
La propuesta de censura al ministro Dimitri Senmache Artola se dio en el marco de la fuga del exministro Juan Silva, aunque el texto oficial habla de su falta de “capacidad de gestión en la conducción en el sector y la grave omisión de funciones que vienen perjudicando gravemente la paz y tranquilidad en el país, así como soslayando la lucha contra la corrupción”. Aunque algunos pueden discrepar en la “capacidad de gestión” de un ministro que apenas tiene poco más de un mes en el cargo, lo cierto es que la censura se basa en las responsabilidades políticas—que siempre recaen sobre los ministros—, y la forma en que escapó Silva, hasta ahora deja más dudas que respuestas.
Este mal manejo genera que el mandatario se vea nuevamente en la circunstancia de tener que convocar a un nuevo ministro para una cartera vital frente a uno de los mayores reclamos de la población: seguridad ciudadana. Como hemos expresado en más de una oportunidad desde estas líneas, la grave inseguridad ciudadana que vive el país exige trabajar una verdadera política de Estado de largo plazo, cuyos resultados seguramente no se verán en cinco años, y tener cinco (y pronto seis) ministros del Interior en el primer año no es una buena señal.
Se necesita continuidad en la cartera del Interior, pues se requiere dirigir el trabajo de inteligencia necesario para poder desbaratar las bandas delictivas que hoy atacan a la ciudadanía y para asegurar la cantidad de efectivos policiales necesarios para resguardar las calles de todo el país. Perro sobre todo porque se necesita articular acciones con la Fiscalía y el Poder Judicial, a fin de que los inculpados puedan ir a juicio antes de vencer el plazo de su detención y estén preparados para ver incrementada su carga procesal.
El próximo ministro tendrá un arduo trabajo, pues mientras la ciudadanía siga con miedo de salir a la puerta de sus casas, los logros que se generen siempre serán pocos.