Peligrosa decisión

VACANCIA PRESIDENCIAL. El Congreso de la República aprobó la admisión de la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, por los casos de presuntos sobornos cuando era gobernador de Moquegua. Tras la decisión, se espera que el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, presente  una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC),  tal como ya había adelantado, más de una vez, la semana pasada.

Más de un parlamentario justificó su voto por la admisión de la moción de vacancia señalando que -dada la información difundida- era necesario que el mandatario se presentara ante el Parlamento a fin de brindar explicaciones al país. Sin embargo, en el primer intento de vacancia la presentación de Vizcarra fue breve y no respondió ninguna de las dudas de los congresistas, un hecho que podría repetirse, incluso el jefe de Estado podría no asistir. Por tanto, el fundamento usado es endeble.

El resultado de la decisión   -con votos divididos en algunas bancadas-, por el contrario, refleja un cálculo político de varios movimientos políticos, más preocupados en las próximas elecciones que en las necesidades de la población. La votación pone en zozobra nuevamente al país e impacta en la gobernabilidad, a cinco meses de las elecciones  y en medio de una crisis sanitaria y económica.

No hay duda de que las investigaciones contra el presidente Vizcarra deben realizarse y a la brevedad para que -de corroborarse los indicios- sea llevado a juicio. Sin embargo, esta situación solo pone de manifiesto una crítica que en su momento advertimos  en las investigaciones anticorrupción: los dichos de los colaboradores no pueden considerarse en su totalidad, antes de que sean admitidos judicialmente. Lamentablemente, quienes le dieron el 100% de veracidad a estos dichos para otros casos, ahora se darán cuenta de lo inconveniente de no haber respetado el debido proceso.

Lo que suceda en los próximos días es impredecible. El TC podría (si los votos así lo indican) darle la medida cautelar que busca solicitar el mandatario. En todo caso, queda demandar reflexión a los congresistas de los peligros de la decisión adoptada.