INVESTIDURA. Ayer, al cierre de esta edición, el Congreso parecía inclinado a otorgarle el voto de confianza al Consejo de Ministros, presidido por Alberto Otárola. Ello, luego de un largo debate y de que el premier ofreciera un discurso que, si bien incluyó aspectos positivos, dejó mucho que desear al omitir una necesaria explicación más detallada sobre los lamentables hechos ocurridos en Juliaca este último lunes. Ese día, un total de 17 peruanos que participaban en protestas contra el Gobierno perdieron la vida en enfrentamientos con la Policía.
Sobre estos hechos, Otárola se limitó a dar a entender que los 17 fallecidos habían participado “en un nuevo intento de toma del aeropuerto y bloqueos de vías”, sin dar mayores detalles. Tras ello, negó que su gobierno tenga tintes autoritarios o que no respete el derecho a la protesta, pero advirtió que “tenemos como Estado la obligación de salvaguardar la seguridad de la mayoría de los peruanos, actuando en consecuencia; y lo vamos a seguir haciendo (...)”.
Es cierto que el Estado tiene esa obligación, pero da una mala señal que Otárola haya dicho eso sin hacer, al mismo tiempo, una autocrítica clara ni dar más explicaciones sobre los casos de personas heridas o fallecidas, pues da a entender que no pretende hacer cambios en su estrategia. Es evidente que existen grupos violentos y extremistas que cometen actos criminales, pero cuando la respuesta estatal no es capaz de discriminar en su uso de la fuerza y termina siendo excesivamente represiva, lo único que se consigue es alimentar más las protestas. En vez de eso, el Gobierno debería ser más contundente en cuanto a sus explicaciones, investigaciones y determinación de responsabilidades; y concentrarse en asegurar que sucesos similares no vuelvan a ocurrir.
En cuanto a los puntos positivos, resulta destacable que Otárola haya expuesto un plan aterrizado de varias medidas que se pretenden impulsar desde el Gobierno —algo que nunca llegamos a ver con Castillo —, al punto en que ya han solicitado facultades legislativas al Congreso en varias materias, incluyendo economía, tributación y modernización del Estado. Entre otras cosas, el premier anunció que el Ejecutivo buscará reactivar proyectos de inversión —hoy trabados—, creará un nuevo régimen simplificado para el impuesto a la renta y reactivará el Consejo Nacional de Trabajo.
Más allá de estos puntos, sin embargo, la prioridad sigue siendo hoy evitar más muertes y recuperar la estabilidad. Ojalá el Gobierno comprenda la importancia de hacerlo bien y sin afectar derechos fundamentales.