Especial atención

MINERÍA. Son tres las conclusiones que se pueden sacar del caso Las Bambas. Primero, que el Gobierno reaccionó tarde al cierre de la mina, ocasionado por el bloqueo de la vía por la que se traslada a trabajadores, mineral e insumos (el “corredor minero”). Segundo, como ha ocurrido con casi todos los gobiernos, se cedió a las presiones de las comunidades, pese a que apelaron a medidas que, al menos en el papel, son ilegales. Tercero, si bien se alcanzaron acuerdos, la amenaza de nuevos bloqueos sigue latente.

Las Bambas, propiedad de la compañía china MMG, reanudó sus operaciones el 3 de enero, luego de haberlas paralizado el 18 de diciembre. Ello gracias a las negociaciones entre la PCM, MMG y las comunidades de la provincia de Chumbivilcas (Cusco) que exigen mayor participación en los beneficios económicos de la mina. La novedad que surgió del diálogo fue la creación de una Zona de Atención Especial (ZAE) que abarca catorce comunidades de seis distritos –se pueden sumar más, si lo solicitan por escrito–, que a través de empresas comunitarias se integrarán a la cadena de valor de la mina.

También se acordó el asfaltado y mantenimiento del corredor, electrificación, así como “la posibilidad” de archivar las denuncias contra quienes azuzaron los bloqueos. Un factor que no figuró en las negociaciones, pero que pudo haber influido en su resultado fue el anuncio del Gobierno Regional de Apurímac de que podía habilitar una ruta alterna al corredor (Las Bambas se ubica en ese departamento). Un grupo de trabajo liderado por la PCM propondrá un “plan de intervención” para la ZAE, pero tendrá tantos integrantes (31) que podría enfrentar dificultades para lograr consensos.

Se tenían previstas dos reuniones más para la próxima semana, pero ante la amenaza de varias comunidades, que no reconocen lo acordado, de volver a bloquear el corredor, la jefa de la PCM, Mirtha Vásquez, tuvo que acceder a reunirse con tres de ellas. La cita será este viernes.

Todo esto ocurre pese a que Chumbivilcas recibe canon (S/ 200 millones entre el 2005 y el 2019), de modo que cabría preguntarse a qué han destinado esa suma los gobiernos locales de esa provincia. Además, hay distritos cuyas comunidades conforman la flamante ZAE (Chamaca, Velille y Livitaca) que también reciben sumas de otras minas y en enero del año pasado incrementaron sus demandas. Es que el problema no es exclusivo de Las Bambas, sino que se extiende a todo el corredor. Y su raíz parece ser el mal uso del canon: la pobreza persiste a pesar de los millones transferidos.