CRECIMIENTO. Enero fue un mes relativamente tranquilo, algo atípico para el gobierno de Pedro Castillo, que ha sido turbulento desde sus primeros días. Esa aparente calma no duró mucho –la enésima crisis política ya estaba gestándose a fines de ese mes y provocó dos cambios de Gabinete a inicios de febrero–, pero habría incidido en dar un cierto respiro a algunos sectores económicos, lo que sumado al efecto estadístico resultó en un crecimiento del PBI de 2.86%. Enero fue tan poco normal, para estos tiempos, que la inflación también se tomó un descanso.
Lo único resaltante que hizo Castillo el primer mes del año fue conceder entrevistas a un puñado de medios, entre ellos a CNN, en la que admitió estar aprendiendo a ser presidente –esa fue su justificación por los mediocres resultados de su gestión–. Pero en vista de que no se preparó, persistieron las dudas sobre la política económica que su gobierno aplicaba, o tenía pensado comenzar a aplicar. Es que en enero se cumplían cuatro meses consecutivos de caída de la inversión pública (febrero se sumó a la tendencia).
En entrevista con Gestión, Óscar Graham, ministro de Economía desde el 1 de febrero, ha explicado que ese retroceso “obedece a una programación que se ha hecho” y que a partir de abril, la inversión pública volverá a crecer y cerrará el año 20% por encima del resultado del 2021. Lo que no detalló fue por qué se programó la ejecución con esa profunda caída y una aceleración posterior. ¿La gestión de Pedro Francke quiso “maquillar” el déficit fiscal y hacerlo parecer bajo para justificar su eficiencia? ¿Se pensó en pasar de una política fiscal expansiva a una restrictiva y luego se dio marcha atrás? ¿Fue una de las “sorpresas” que a Castillo le agrada anunciar?
Lo cierto es que ese motor de la economía estuvo apagándose y, con ello, se vieron afectados sectores como construcción, manufactura y finanzas, que se contrajeron en enero. Ese curioso manejo de la política fiscal, que no fue inducido por un repentino traspié en la recaudación tributaria, también tiene un impacto negativo sobre el empleo. Por cierto, con un mes de retraso, el INEI publicó su informe laboral del 2021. El empleo no pudo recuperar los niveles prepandemia y registró 23.6% más trabajadores informales (1.8 millones de personas) que en el 2020.
En suma, pese a que la economía está desacelerada, se optó por aplicar una política fiscal restrictiva. El hecho de que sea temporal, como aseguró Graham, no la justifica, pues provocó que el PBI crezca menos de lo que el país necesita.