Despropósito al 100%

SISTEMA PENSIONARIO. En el editorial del miércoles puntualizamos el completo desinterés del Gobierno por el largo plazo. Pero esa carencia también afecta a buena parte del Congreso, cuyos integrantes están más interesados en sobrevivir a la inestabilidad política que en ponerle fin. El proyecto de ley presentado por Perú Libre que autoriza el retiro del 100% de los fondos en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) a quienes hicieron retiros previos, es justamente una solución fácil para una necesidad de muy corto plazo.

Pero esa necesidad no sería económica ni tendría que ver con los efectos de la pandemia sobre los ingresos de los afiliados, sino que su propósito parece ser político: subir algunos puntos en las encuestas y, de paso, darle un “empujoncito” a la también alicaída popularidad presidencial. No sorprende por eso que la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, esté instando al Legislativo acelerar el debate y la aprobación del proyecto de ley, pues lo considera “de vital importancia para los afiliados y exaportantes de las AFP”.

Ese argumento es una nueva versión del “clamor popular” con que el anterior Congreso justificaba sus despropósitos, entre los que figuraron retiros de aportes al SPP que resultaron en la reducción de las cuentas individuales de jubilación y en el menor peso de las APP como inversionistas institucionales. Hay que precisar que esos retiros habrían aliviado dificultades económicas de muchas familias afectadas por el deterioro del empleo formal durante la pandemia, aunque muchas otras los depositaron en cuentas de ahorro y en otros productos financieros que ofrecen libre disponibilidad. Pero insistimos, eso sería en lo último en lo que estarían pensando los promotores de la iniciativa.

Otro factor que explicaría el persistente deseo de horadar el SPP es la ojeriza que le han tenido muchos legisladores (actuales y pasados), y que las AFP no han sabido contrarrestar, pues no han diseñado una adecuada estrategia de comunicación. Es por ello que sigue siendo una dificultad explicar que los frutos de los aportes previsionales solo se verán dentro de muchos años, que los ataques al SPP resultarán en jubilados que no recibirán una pensión justa y que se convertirán en una carga para el Estado.

Aunque el MEF y la SBS han opinado en contra del proyecto de ley, con argumentos bien sustentados técnicamente, en el Congreso seguirán priorizando el corto plazo. El FMI acaba de recomendar una reforma del SPP, pero ese proceso requiere que se deje de considerarlo una herramienta para obtener réditos políticos, algo que el Ejecutivo y el Legislativo no parecen interesados en hacer.