El déficit fiscal acumulado hasta mayo de este año equivalió a 3.9% del PBI. Fue el cuarto mes consecutivo de alza de ese indicador, que mide la diferencia entre gastos e ingresos del Gobierno general (nacional, regionales y locales). Su incremento desde el 2.7% del PBI, al cierre de enero, no habría sido usual para el país en el pasado reciente, pues sobresalía entre las economías emergentes por la prudencia con que manejaba su política fiscal. Saltos de ese tipo no se veían desde inicios de la pandemia (2020), que obligó a relajar temporalmente la regla fiscal.
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Lo que hoy tenemos es una epidemia de leyes aprobadas al caballazo por el Congreso, pese a que no posee iniciativa de gasto, y de mayores desembolsos en los gobiernos subnacionales, pese a que sus recursos propios están muy lejos de cubrirlos –los solventan con transferencias del tesoro–. En marzo, el titular del MEF, José Arista, anunció una “poda” de gasto corriente en el Gobierno nacional (que se redujo 7.2% en mayo) y exhortó a los niveles subnacionales a hacer lo mismo, pero su arenga habría caído en saco roto, pues los gobiernos regionales y locales siguen gastando con fruición: aumento de 15% y 22.4%, respectivamente, en el periodo enero-mayo.
“Creo que el consenso que se tenía antes, de tener políticas fiscales prudentes, se ha ido disipando y parece que no se está entendiendo a niveles de gobierno la importancia de crear bases (fiscales) sólidas”, advirtió el viernes el presidente del BCR, Julio Velarde, en la presentación del Reporte de Inflación (RI) de junio –documento trimestral que presenta proyecciones macroeconómicas para el corto y mediano plazo–. “El ministro de Economía sí lo entiende, pero lo vemos en el Congreso y en los gobiernos subnacionales: no se entiende muchas veces la importancia de lo fiscal”, añadió.
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Hace diez años, las remuneraciones en el Gobierno general y la inversión pública eran similares (S/ 34,000 millones cada uno). El 2023, las primeras sumaron S/ 62,600 millones, superando en más de S/ 9,400 millones a la segunda. Pero esa enorme brecha no se refleja en una mayor productividad de los empleados estatales, mucho menos en un mejor servicio. Recordemos que mientras la recesión golpeaba al sector privado y generaba pérdidas de empleo, intensificación de la pobreza y menores ingresos tributarios, el sector administración pública siguió creciendo.
El RI proyecta que el déficit fiscal de este año será 2.8% del PBI, igual que el del 2023. Para ello, asume “un riguroso control del gasto”. ¿Escucharán los derrochadores?
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