Editorial: Buscando justicia

DEBIDO PROCESO. No hay duda de que el caso Lava Jato es uno de los más grandes en materia de corrupción en los últimos años, y debido a la cantidad de involucrados llevar adelante las investigaciones no es sencillo. Lamentablemente, ha pasado más de año y medio y aún no se han visto avances concretos. Es verdad que no se trata de un proceso fácil, pero sería importante saber si el equipo que está trabajando cuenta con el conocimiento suficiente para hacerse cargo de una investigación tan sofisticada.

Cuando se tuvo que hacer frente a la corrupción del Gobierno de Fujimori, la Procuraduría y la Fiscalía trabajaron de la mano, la primera buscando lograr cobrar la reparación civil, para lo cual fue necesario repatriar la mayor cantidad de dinero, la segunda se encargó de investigar y acusar, mientras que el Poder Judicial se ocupó de llevar adelante los procesos y emitir sentencias.

En el caso actual, el Ministerio Público ha repartido entre varios fiscales las investigaciones y cada uno está revisando y estableciendo la que considera la mejor estrategia para llevar adelante su trabajo. Sin embargo, la diferencia en el tratamiento a los investigados que cada fiscal está haciendo genera que la ciudadanía perciba que no exista la misma vara para todos los involucrados, lo que afecta la idea de independencia y objetividad que deben dar la Fiscalía y el Poder Judicial.

Cuando en julio del año pasado la Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, argumentó que tenía información suficiente para presentar antes de fin de año la acusación fiscal respectiva y dar inicio al juicio contra ambos implicados. Sin embargo, aún no existe acusación. Algo similar ocurrió con cuatro representantes de las empresas socias de Odebrecht a los que se les dictó prisión preventiva, aunque ahora la medida se mantiene solo para dos de ellos.

El exceso en este pedido es tan claro que ningún fiscal ha vuelto a pedir prisión preventiva y han optado por el impedimento de salida del país, que resulta una medida más razonable.

La sensación de impunidad que tiene la población es muy fuerte y pone un peso extra sobre la labor que deben cumplir la Procuraduría, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Por ello, deben realizar un trabajo más coordinado que demuestre que la celeridad que se evidencia con algunos investigados puede aplicarse a todos los procesos.

Independencia, objetividad y resultados es lo que la población reclama, pero sin afectar el debido proceso.