Cuando las empresas se acercan: un nuevo capítulo en los litigios tributarios

Esta semana, ha pasado casi por alto un nuevo capítulo en materia tributaria. Se trata de una nueva oportunidad para la relación entre las empresas grandes, medianas y pequeñas y SUNAT que podría redundar en un manejo más técnico e idóneo de los largos litigios tributarios. Nos referimos al pago de más de S/ 353 millones de Telefónica del Perú al fisco.

La empresa ha pagado el monto de un caso que aún está en apelación, es decir, la compañía no estaba obligada a pagar. Sin embargo, al tratarse de una de las empresas más grandes del país con disputas no resueltas ante SUNAT, el pago realizado coloca nuevas cartas sobre la mesa y puede abrir un camino de solución integral para las controversias tributarias que mantienen las empresas con el ente tributario. El solo acercamiento por una disputa que se encontraba en instancia administrativa, implica que Telefónica del Perú estaría buscando generar una nueva relación con Sunat basada en un nuevo comportamiento.

¿Cuál sería esta nueva relación? Como gran parte del empresariado, Telefónica del Perú mantiene en el Poder Judicial un largo proceso que data de más de 20 años (por acotaciones al impuesto a la renta de 1998, 2000 y 2001). El pago de esta semana corresponde a un caso distinto, que proviene del Impuesto a la Renta del 2014. Es novedoso porque se trata de un pago en una etapa tan temprana del proceso tributario que le permite evitar que se acumulen intereses. No obstante, el pago no es definitivo, porque el asunto sigue en controversia y, por ahora, la Caja Fiscal obtuvo liquidez y una señal de buena voluntad.

Esta noticia además nos lleva a un punto muy interesante de análisis; el costo y beneficio de litigar. Litigar no es un buen negocio ni para las empresas porque generan intereses y contingencias, ni tampoco para el estado que difiere la obtención de recursos. Ahora bien, la solución de controversias no sólo debe ir por el lado de la reducción de intereses y multas (a través de mecanismos alternativos como ha propuesto Macroconsult), sino también por la posibilidad de la administración tributaria de transar con los contribuyentes sobre la aplicación o no de determinados reparos. Así el Estado tendrá liquidez inmediata para asumir gastos en época de crisis. Litigar no es un buen negocio, como dice SUNAT.

Al fin y al cabo, la solución final está en manos del Estado, quien debería ofrecer una salida normativa de aplicación potencial a miles de empresas que mantienen litigios por largos años. Así, evitar que se generen intereses por las propias demoras de la administración tributaria y del sistema de justicia, como lo ha venido advirtiendo el Tribunal Constitucional en recientes fallos.

Otro punto importante y sobre el que quiero insistir es la importancia de tener un adecuado rigor al hablar de los montos que Sunat pretende y que forman parte de las controversias fiscales entre empresas y la administración tributaria. Diversos medios de comunicación así como personas en redes sociales mencionan montos que no son reales, pues mientras no haya una resolución final son solo pretensiones, no hay nada definitivo.

La desinformación que vemos en medios y en redes sociales han contribuido a generar Fake News sobre los llamados megalitigios, dando la impresión que las grandes empresas le deben al Estado montos exorbitantes, que en realidad corresponden a pretensiones de cobranza por parte de la administración tributaria. Estos cálculos se basan en desconocimiento de gastos o aumento de impuestos, basados en formalismos o cuestionamientos que muchas veces no están relacionados con el fondo el cobro de impuestos.

Por ello, se debe tener cuidado al mencionar los montos que pretende SUNAT (una de las partes de la controversia), porque además incluyen moras e intereses que incrementan sustancialmente el monto original que inició la disputa (en el caso citado al inicio de este texto, la pretensión inicial era de S/ 412 millones por los reparos del Impuesto a la Renta del año 1998, 2000 y 2001). Esta información sin contrastar contribuye a generar percepción errónea en la opinión pública y hasta politiza algo que debe ser completamente técnico.