Socio de Guzmán Napurí & Segura Abogados
El Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025 (MMM) considera un crecimiento promedio de la economía para el 2023-2025 de 4.1%. Dentro de los supuestos que dan soporte a dichas proyecciones se encuentra, entre otros, la confianza de los agentes económicos, un mejor clima de negocios y el fomento de la inversión privada, que cuenta con una cartera de construcción de proyectos mineros de 56 mil millones de dólares.
No obstante, en las últimas semanas hemos visto el deterioro de las expectativas empresariales debido a, entre otros, los anuncios de cierre de minas y a las designaciones de personas que no cuentan con experiencia ni formación académica para ejercer cargos de alta responsabilidad; y, por ello, el BCRP ha anunciado un crecimiento de cero por ciento de la inversión privada para el 2022.
Otra variable considerada es un mayor gasto público, no obstante a menos de 10 días de acabar el año solo existe casi un 61% de ejecución de la inversión pública; y, una ejecución del PNIC que no llega al 30%. En ese sentido, hemos visto como desde el propio gobierno se ha minado -paradógicamente- el desarrollo de estos proyectos mineros, con anuncios que restan eficacia al propósito del MEF por apuntalar el crecimiento de la economía. Por ello, consideramos indispensable que el gobierno retome la trayectoria prevista en el MMM y alinee la retórica en las plazas a dicho marco, además de enfocarse en los siguientes aspectos.
Predictibilidad, no solo implica que existan reglas claras (mejor calidad regulatoria), sino que exista un equipo competente en cada una de las entidades públicas vinculadas con la mejora del clima de inversiones y la ejecución de los proyectos de inversión privada, pública y pública-privada. Para ello, implementar la ley del servicio civil es indispensable.
Planificación, para lograr una asignación más eficiente de los recursos y conocer con exactitud qué, cuándo y cómo alcanzaré determinadas metas como la reducción de la informalidad, el cierre de brechas de infraestructura social y económica, así como la reducción de la pobreza y una mejor prestación de los servicios públicos.
Transparencia y la lucha contra la corrupción. Un gobierno abierto mitiga los riesgos de corrupción. Debe ponerse a disposición de los ciudadanos información vinculada a la ejecución de recursos públicos para ejercer el “control ciudadano”. Asimismo, se deben identificar riesgos e incorporar alertas tempranas para evitar actos de corrupción resultan indispensables.