Socio del Estudio Muñiz
La Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe ha publicado recientemente el estudio denominado “Panorama Laboral 2022″ para nuestra región, en el cual revela algunas cifras relacionadas con el empleo en la región, y además vaticina un panorama sumamente complejo en lo laboral para el presente año en América Latina y el Caribe (ALC). Nuestro país, qué duda cabe, no es ajeno a dicho pronóstico pues como lo hemos señalado anteriormente, este 2023 será retador, por decir lo menos, desde diversos frentes en lo laboral: la regulación, la inspección, los litigios y, desde luego, las relaciones laborales propiamente dichas. Ni qué decir el empleo, pues no vemos hasta el momento alguna iniciativa que apunte a la generación de empleo formal, ya que no basta con que el número de trabajadores con empleo crezca, sino que debe tratarse de un empleo con derechos.
El crecimiento económico regional, señala la OIT, supuso la recuperación de las economías en ALC con estimaciones de 3.9%, según el FMI, y 3.7%, según CEPAL, tasas superiores al crecimiento histórico de la región. Para el 2023, el BCR proyecta que el Perú crecerá un 3%, mientras que el FMI estima que la economía peruana crecería un 2.6%. Dichos porcentajes no alcanzan para generar empleos formales que permitan absorber a los jóvenes en edad de trabajar.
La recuperación del empleo, según la OIT, ha venido siendo liderada por ocupaciones informales. La OIT manifiesta preocupación por el hecho que en varios países de la región la tasa de informalidad en el segundo o tercer trimestre deñ 2022 era similar o incluso más elevada que la observada en el cuarto trimestre del 2019. Uno de ellos es el Perú, ubicado en el estudio en un grupo de países que ha tenido una recuperación incompleta de la tasa de ocupación en comparación con los niveles prepandemia, y que por el contrario ha visto incrementada la informalidad, pues esta habría aumentado en 2%. El estudio señala con acierto que debe generarse una cantidad suficiente de ocupaciones formales, lo cual es mucho más difícil en el contexto actual de fuerte incertidumbre y ralentización del crecimiento económico.
La coyuntura que estamos viviendo evidentemente no contribuye al crecimiento del empleo formal, y peor aún con los bloqueos de carreteras que han golpeado duramente a las micro y pequeñas empresas dedicadas al sector turismo y servicios, especialmente en las regiones del sur de nuestro país. De acuerdo con información del Mincetur, el año 2022 solo arribaron dos millones de turistas extranjeros, cifra menor al 50% de los 4,4 millones que llegaron el año 2019. Y en enero del 2023, el número de turistas fue 59% menor a enero del 2020, cuando aún no se había experimentado el impacto de la pandemia. Esta situación ocasiona un gran impacto en los trabajadores pues las empresas no cuentan con los recursos para abonar las remuneraciones, viéndose en la necesidad de suspender los contratos de trabajo sin goce de haberes (suspensión perfecta de labores), o cesar al personal. Se requieren acciones de corto plazo para apoyar a las micro y pequeñas empresas en su recuperación y, de paso, mejorar los índices de empleo formal. Pero lo más importante es planificar de manera integral, y no solo desde lo laboral, cómo reducir la informalidad. El Gobierno ha planteado una serie de medidas (”con Punche Perú”, “con punche productivo”, relanzamiento del programa compras a MYPERU, entre otros). Ojalá que tengan el impacto esperado.
En el estudio de la OIT, se indica que las brechas laborales por género continúan siendo elevadas. Así, en el tercer trimestre del año pasado, la tasa de ocupación de las mujeres fue de 47.5% mientras que la de los hombres ascendió al 70.3% en ALC. De acuerdo con cifras del INEI, en nuestro país al segundo trimestre del año pasado, del total de la población ocupada del país, el 44.7% (7 millones 946,900) son mujeres y 55.3% (9 millones 823,900) son hombres. La brecha existe sin duda. Corresponde adoptar políticas laborales con perspectiva de género que permitan eliminar las barreras a la entrada al mercado de trabajo y que amplíen el abanico de oportunidades laborales para las mujeres, a decir de la OIT.
Otro colectivo que ha sido impactado duramente por la crisis regional, según el estudio de la OIT, son los jóvenes. Se indica que la tasa de desocupación promedio de los jóvenes continúa siendo muy elevada (15.8%) y la tasa de informalidad alcanza al 60%. Pero esta situación no solo comprende a ALC sino que, como la propia OIT lo indicó en su informe mundial de tendencias de empleo juvenil 2022, a nivel mundial el empleo juvenil disminuyó en 34 millones de personas entre el 2019 y 2020. Para el caso de ALC, dicho informe también sostuvo que la población ‘nini’, es decir, jóvenes que ni estudian ni trabajan, alcanzó la cifra de 21%. En nuestro país, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), casi un millón de jóvenes entre 18 y 29 años del área urbana perdieron su trabajo en la primera mitad del 2020 debido a las medidas que se aplicaron para contener la pandemia. El Instituto Peruano de Economía (IPE) sostiene que ha habido recuperación del empleo juvenil, pero de manera precaria. Afirma el IPE que durante la primera mitad del 2022, el número de jóvenes en el área urbana con empleos informales se incrementó a casi 2.6 millones, cifra que equivale a un aumento de 9.2% respecto a los niveles prepandemia y que constituye un máximo histórico para el Perú. A partir de ello, la tasa de informalidad laboral juvenil urbana se ubicó en 74.8%, cifra superior a la del primer semestre del 2019 (71.1%). Sucesivos gobiernos han dado medidas para incentivar la contratación formal de jóvenes, desde la recordada Ley Pulpín hasta propuestas para que los empleadores no paguen la contribución a EsSalud o subsidios a las remuneraciones, pero ninguna ha surtido los efectos esperados.
La OIT en su estudio también reflexiona sobre el teletrabajo, señalando que su proporción continúa siendo mayor que los valores prepandemia, con una tendencia a que las formas híbridas continúen siendo las más habituales. La realidad en nuestro país va en esa línea, con un gran salto en el número de teletrabajadores en comparación con lo que se tenía antes de la pandemia. Lo lamentable es que hasta la fecha no contemos con un reglamento de la Ley de Teletrabajo (Ley 31572), habiéndose prorrogado la vigencia de las reglas sobre el trabajo remoto mediante un comunicado emitido por el Ministerio de Trabajo, lo cual demuestra una pésima técnica normativa.
El panorama laboral peruano para este 2023 no es alentador, ojalá se tomen las medidas que generen un clima adecuado para las inversiones privadas, se destraben proyectos de infraestructura, y así se genere mayor empleo formal, se mejore la calidad de las normas laborales que se emiten, y que la inspección laboral también llegue a los sectores informales y no solamente a las mismas empresas de siempre. Por el bien del país y de todos los peruanos.
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