Una sanidad no siempre accesible para latinoamericanos en España

El acceso a la sanidad pública es un derecho universal en España, o al menos eso dice la ley, porque en la práctica la falta de un simple papel puede excluir a colectivos como los migrantes, muchos de ellos latinoamericanos.

“Mi hija en este momento tiene el pasaporte caducado, no puedo renovarlo y al no poder, me dicen que no la pueden atender en el centro de salud”, cuenta Wendy Soto, guatemalteca que lleva cinco años en Madrid.

Su problema es un ejemplo de lo que se encuentran personas en situación vulnerable en España, incluidos muchos migrantes, a los que en teoría la ley les ampara, incluso aunque estén en situación irregular en el país, pero en la práctica encuentran trabas burocráticas.

Puertas cerradas

A la madre de Wendy, a su hija y a ella misma les denegaron el asilo en España, lo que conllevó que quedaran “en situación irregular” y les retiraran la tarjeta que da acceso a la sanidad pública.

“Nos han puesto como transeúntes, cuando llevamos cinco años de residencia en España”, lamenta esta joven.

Cualquier problema para empadronarse, obtener un certificado de nacimiento u otros documentos conlleva el no poder conseguir la tarjeta sanitaria.

Bárbara Chaparro pensó que en España encontraría una vida mejor cuando dejó Venezuela, pero lo que halló fue que “nos cerraron las puertas”.

Aunque su pequeño de ocho meses ha nacido en España de padre español, se encuentra, por falta de alguno de esos documentos, con que le piden que se pague un seguro privado, que no puede costear, explica.

“Todos tenemos derecho a la salud, a ser atendidos”, defiende, pero lo que le dijeron cuando necesitó esa asistencia fue que “lo sentimos mucho, pero te vamos a cobrar”.

A todo el mundo se le debe atender si acude a urgencias, por motivos humanitarios, pero el problema surge si necesita una consulta con un médico o medicinas a un precio asequible y encuentra esas trabas para acceder al sistema público de salud.

María Tambriz, una joven de Guatemala que llegó hace tres años a España, tiene una niña de casi un año para la que no logra esa inclusión por falta de unos documentos que acrediten la residencia en España de la menor, que “por ser extranjera” le resulta complicado conseguir.

Aunque se tenga también la nacionalidad española, caso de Verónica Simbañía, migrante ecuatoriana, no es fácil lograr la inclusión en el sistema mientras no lleguen esos papeles, en su caso para que sus niñas de dos y cinco años puedan tener un carné de identidad de España y con él la tarjeta sanitaria.

Alguna ayuda

Algunas de estas madres acaban recurriendo a organizaciones no gubernamentales como la Fundación Madrina en Madrid.

“Todo niño, independientemente de que tenga papeles o no, tiene derecho a la salud”, sentencia su presidente, Conrado Jiménez, mientras atiende a madres que acuden con sus hijos, muchos bebés, en busca de ayuda.

A veces el problema que es no hay un convenio con países como Venezuela, Honduras o Guatemala, asegura Jiménez, y estas madres y sus hijos sufren una “exclusión sanitaria” al llegar a España.

El presidente cita casos de venezolanos a los que tardan en renovar el pasaporte, con lo que si tienen que ir a un centro de salud en España “no les atienden o como mucho, dependen de la generosidad de los médicos”.

Ayudas como la de Fundación Madrina, que empadrona a migrantes en hogares de acogida, hace ecografías a embarazadas o les da medicinas, son un alivio.

Pero la solución no puede ser “la caridad”, alerta su presidente, ante casos como un niño con síndrome de Down que necesita operarse del corazón.

Hace unos días representantes de más de trescientas organizaciones sociales se concentraron en Madrid ante el Ministerio de Sanidad español en demanda de una ley que elimine estas trabas.

Aunque en el 2018 se reformó la ley, para evitar que a inmigrantes se les niegue la asistencia aunque estén en situación irregular, siguen en riesgo de quedar fuera del sistema casos, entre otros, como procesos de reagrupación familiar que se demoran u otros deben esperar noventa días para poder empezar a regularizar su situación en España.