Siete de los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato, que destapó una vasta trama de corrupción en la estatal brasileña Petrobras, renunciaron a sus cargos por divergencias con las políticas de la Fiscalía General.
En un documento conjunto enviado a ese organismo, los siete procuradores, que integran el equipo de Lava Jato en Sao Paulo, presentaron su renuncia colectiva por “incompatibilidades insolubles con la actuación de Viviane de Oliveira”, designada por el fiscal general, Augusto Aras, para coordinar los trabajos en esa ciudad.
Aras, nombrado para ese cargo por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a inicios del año pasado, ha sido crítico con la Lava Jato, de la que hace unas semanas insinuó que habría incurrido en “excesos” durante sus investigaciones, que en los últimos años llevaron a la cárcel a influyentes políticos y empresarios.
El fiscal general atacó en particular los métodos de los fiscales de Curitiba, centro neurálgico de Lava Jato, a los que acusó de mantener “una caja de secretos” con “50,000 documentos” bajo la más completa “opacidad”.
“Es la hora de corregir los rumbos para que el ‘lavajatismo’ no perdure”, sentenció Aras en julio pasado en una videoconferencia con abogados, en la que afirmó que durante su gestión buscará acabar con la imagen “punitiva” del Ministerio Público.
La renuncia en masa de los fiscales de Sao Paulo fue anunciada un día después de la dimisión del procurador jefe de Lava Jato, Deltan Dallagnol, quien atribuyó su decisión a cuestiones familiares pero que en las últimas semanas también mantuvo un pulso con Aras.
Dallagnol lideró desde el inicio de la operación, en el 2014, el grupo de fiscales dedicados exclusivamente a los casos de Lava Jato, y trabajó codo a codo en esos asuntos con el entonces juez Sergio Moro, que en el 2019 asumió el Ministerio de Justicia con Bolsonaro y dimitió en abril pasado enemistado con el gobernante.
Como magistrado, Moro dictó algunas de las sentencias más duras y polémicas de todo ese proceso, como la que condenó a la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un juicio en el que ha sido acusado de no actuar “imparcialmente” y con “fines políticos”.