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La organización Chinese Human Rights Defenders (CHRD) pidió a China que deje de usar la separación familiar para castigar a los disidentes tras el reciente fallecimiento en Estados Unidos de la esposa del activista Guo Feixiong, en paradero desconocido desde el pasado 5 de diciembre.
Según explica la ONG en un comunicado, Guo desapareció el 5 de diciembre y temen que las autoridades lo hayan detenido de nuevo para impedir que viajara a Estados Unidos y visitara a su esposa enferma, quien finalmente falleció el pasado 10 de enero a causa de un cáncer terminal.
Guo Feixiong, conocido también como Yang Maodong, trató de reunirse con su esposa varias veces durante el último año, pero las autoridades hacían todo lo posible para retenerlo y evitar su salida del país, de acuerdo con CHRD.
La ONG considera que se trata de una práctica “inhumana y cruel”, consistente en “utilizar la separación familiar para intimidar y castigar a activistas y defensores de los derechos humanos”.
“CHRD condena este trato cruel e inhumano por parte de las autoridades chinas. Evitar que Guo Feixiong pudiera despedirse de su esposa fue deliberado”, comenta Renee Xia, directora de CHRD.
Otro miembro de la organización, William Nee, agrega que las autoridades hicieron “desaparecer” a Guo varias veces cuando solicitaba viajar a Estados Unidos para cuidar de su esposa, y que desde hace un mes no se sabe nada de su paradero.
“Pedimos a las autoridades chinas que liberen de inmediato a Guo Feixiong y al abogado Tang Jitian, a quien también se le prohibió reunirse con su hija enferma en Japón. Tang desapareció el 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos”, indica otra investigadora de CHRD.
En enero del año pasado, Guo inició una huelga de hambre en protesta por los impedimentos puestos por las autoridades chinas para viajar a Estados Unidos a cuidar de su esposa, quien en ese momento estaba recibiendo quimioterapia.
Guo ha pasado varios años en prisión a consecuencia de su activismo, y fue liberado el 7 de agosto del 2019 tras cumplir una última sentencia de 6 años en prisión por “alterar el orden público” y “buscar pelea y provocar altercados”, cargos habitualmente utilizados contra activistas chinos de derechos humanos.
El activista participó anteriormente en una manifestación contra la censura en la ciudad meridional china de Cantón y en una campaña para que Pekín ratificara el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El acoso de las autoridades a la familia llevó a su mujer y sus dos hijos a exiliarse en Estados Unidos en el 2009.
