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Latinoamérica es la región donde más se ha incrementado la inseguridad alimentaria severa por el impacto de la COVID-19, afirmó en una entrevista a Efe el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés), David Beasley.
Beasley, que asumió la jefatura del WFP en abril de 2017, advierte que, “de hecho, el incremento más grande en las necesidades (alimentarias) está en Latinoamérica”, donde este año se prevé que el número de personas en inseguridad alimentaria severa aumente un 269% comparado con el 2019, el mayor en términos relativos a nivel global.
En su primera visita a la región desde que se inició la pandemia, el alto representante del programa subrayó que una de las razones que le han llevado a viajar esta semana a Ecuador es la de “hacer saber al mundo que la COVID está teniendo un impacto dinámico y negativo en América Central y Suramérica”.
Y apunta directamente al coronavirus como elemento catalizador de ese ascenso, que ha agudizado la ya de por sí deteriorada situación económica regional con la pérdida de ingresos y trabajo, en su mayoría informal.
La tormenta perfecta
Los últimos informes de WFP reflejan que 25 países del mundo están en un riesgo de devastadores niveles de hambruna en los próximos meses, “un problema global”, indica Beasley.
El año pasado 135 millones de personas en el mundo se encontraban en una situación de seria inseguridad alimentaria, “literalmente en el abismo de la hambruna”, cifra que este 2020 como consecuencia directa del coronavirus alcanzará los 237 millones.
El director ejecutivo de WFP reconoció que gran parte de las noticias sobre inseguridad alimentaria proceden de Asia, Africa y Oriente Medio porque son zonas de guerra y cambio climático.
“Mucha gente no piensa en Latinoamérica como una región con inseguridad alimentaria, pero la COVID ha cambiado todo e impactado brutalmente en la cadena de abastecimiento”, manifestó.
Mencionó focos como el Corredor Seco de Centroamérica, Haití en plena estación de huracanes en El Caribe, o la subregión suramericana, que definió como “la tormenta perfecta” para una crisis alimentaria donde 11 millones de personas están al borde de padecer hambruna.
Beasley visitó este miércoles una zona andina ecuatoriana donde pudo comprobar de primera mano proyectos de cooperación para alimentar a migrantes y personas sin hogar, además de una asociación agrícola indígena que suministra sus productos a escuelas locales.
“Lo que es importante comprender aquí es que el 60 % de la fuerza laboral es informal y ha quedado devastada por la COVID, los cierres y la pérdida de ingresos”, aclaró.
La población de migrantes venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú con inseguridad alimentaria moderada y severa subiría, de acuerdo con los datos del organismo, de 1.4 millones a unos 1.9 millones este año, proyección basada en una encuesta remota realizada entre abril y mayo de este año.
“Eso significa que luchan por conseguir comida, literalmente sobreviven día a día”, explicó sobe esta población desplazada de su país de origen, de la que el 40 % sufre inseguridad alimentaria severa o moderada.
América Latina y Caribe en el epicentro
En los últimos tres días el directivo ha dialogado o tenía previsto hacerlo con mandatarios o ministros de Exteriores de siete países de la región -Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, Guatemala, Cuba y Honduras- para abordar el difícil contexto provocado por la pandemia.
El WFP requiere, detalló, 200 millones de dólares iniciales para los próximos seis meses, aparte de fondos adicionales en campañas de microfinanciación colectiva, para poder asistir a la población más vulnerable en la región en plena crisis sanitaria.
“De los 100 millones de personas que apoyamos el año pasado, el 30 % depende de nosotros totalmente”, detalló.
En sus encuentros de los últimos meses con políticos, funcionarios y donantes ha llamado a sus interlocutores a no dejar atrás a las víctimas colaterales de la pandemia, que son las poblaciones más inseguras a la hora de cubrir necesidades básicas como la alimentación.
El riesgo, advirtió, es que “si no obtenemos el suficiente dinero tendremos que priorizar entre los más vulnerables, generalmente mujeres embarazadas, niños pequeños, pero también los migrantes”.
Beasley viajó anoche a Panamá, donde el programa cuenta con una sede regional y centro de acopio humanitario, desde el que se han destinado más de 100 toneladas en asistencia sanitaria para la Organización Mundial de la Salud.
Su cometido es situar a Latinoamérica y El Caribe en el mapa de la inseguridad alimentaria, que se mantengan “las redes de seguridad” para garantizar que el suministro de alimentos no quede interrumpido por la pandemia.
WFP ha apelado a un aporte adicional este año de 328 millones de dólares para poder aumentar su respuesta humanitaria en América Latina y El Caribe, y llegar a 3.5 millones de personas más que han sido afectadas por la crisis de la COVID-19.
