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La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) rechazó las sanciones que la Unión Europea (UE) impuso el lunes contra ocho funcionarios antidemocráticos de de Nicaragua, entre ellos la vicepresidenta de ese país, Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega.
“Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) rechazan categóricamente el anuncio de nuevas medidas coercitivas unilaterales y violatorias del Consejo de la Unión Europea contra ocho ciudadanos nicaragüenses”, reza un comunicado de la organización.
La ALBA, conformada por Venezuela, Cuba, Bolivia, Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada, San Cristóbal, las Nieves y Nicaragua, pidió a la UE el “levantamiento de las medidas” que considera de “injerencia” contra Nicaragua, pese a que las sanciones no son al país o instituciones, sino personales e individuales.
Los países miembros ratificaron “su solidaridad y apoyo al pueblo de Nicaragua, a Ortega y Murillo”.
Además, la organización reiteró “el llamado a la comunidad internacional a rechazar este tipo de intimidaciones y defender la soberanía, la determinación libre e independencia política de los Estados”.
El lunes, el Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, informó sobre las sanciones a ocho ciudadanos de Nicaragua, entre los que se encuentra Juan Carlos Ortega Murillo -hijo de Murillo y Ortega-, y siete funcionarios del Estado.
Los otros seis sancionados son el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la fiscal general, Ana Julia Guido Ochoa; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos Vanegas; los comisionados de la Policía Fidel Domínguez Álvarez y Juan Antonio Valle; y el asesor presidencial de Asuntos Económicos, Bayardo Arce.
La UE indicó en un comunicado que las medidas restrictivas se adoptan contra esos ocho individuos como responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragu”.
“Las medidas van dirigidas contra personas y están concebidas de modo que no perjudiquen a la población ni la economía nicaragüenses”, destacó el Consejo.
Tras el anuncio del lunes, son en total catorce las personas sancionadas por la UE en Nicaragua.
Los sancionados tienen inmovilizados sus bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición.
