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El cambio de Gobierno en Argentina siembra nuevamente el desafío de demostrar la independencia de la Justicia del poder de turno, un lema que levanta ahora el nuevo presidente, el peronista Alberto Fernández, como ya lo hiciera también su antecesor, el conservador Mauricio Macri.
Excarcelaciones, órdenes de prisión preventiva retiradas y sobreseimientos se sucedieron en los últimos meses en las causas sobre corrupción en Argentina: ¿La Justicia ha decidido cambiar de rumbo con el regreso del peronismo al poder o pesan factores legales?
La aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que limita el uso de la prisión preventiva, y el debate de una reforma judicial suman aristas a un tema complejo.
Clamor por justicia independiente, de uno y otro lado
El presidente Fernández conoce con profundidad el tema ya que es abogado y profesor de derecho penal en la Universidad de Buenos Aires.
"Sin una Justicia independiente del poder político no hay república ni democracia, solo existe una corporación de jueces dispuestos a satisfacer el deseo del poderoso y castigar sin razón a quienes lo enfrentan", evaluó en su discurso de asunción, el pasado 10 de diciembre.
Fernández reconoció el deterioro judicial y apuntó contra las "persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias, inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática".
El mandatario peronista se posicionó así frente a las banderas en contra de la impunidad que enarboló a lo largo de su gestión Macri (2015-2019), cuando apuntaba contra supuestos hechos de corrupción durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
"Si la Justicia no es independiente, no es Justicia", reiteraba Macri, quien también fue investigado en el marco de diversas causas, como en la de los llamados papeles de Panamá.
La expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien afronta ya un juicio en su contra y aguarda el inicio de otros cinco, afirma que en Argentina se libra una “lawfare”, una expresión inglesa que podría traducirse como una “guerra judicial”.
Cristina se declara inocente y, en cambio, asegura desde hace tiempo que ella y su familia son víctimas de "una cruel persecución" judicial.
Jueces cercanos al poder de turno
La politóloga Catalina De Elía, especializada en temas judiciales, considera que "una gran parte de los jueces argentinos administra los tiempos de forma no inocente".
"Especialmente los magistrados de los Tribunales Federales de Comodoro Py, que es el edificio donde se concentran en Buenos Aires los casos de corrupción más sensibles, son simpáticos con el poder político de turno y tienen mano de hierro con los que ya no son Gobierno y con los más vulnerables", declara la coautora junto al fiscal Federico Delgado del libro "La cara injusta de la Justicia".
La politóloga remarcó que "los jueces de Comodoro Py, que habían acumulado durante todo el kirchnerismo papeles en los expedientes que los involucraban, consideraron que era hora de encarcelarlos".
Así, durante la presidencia de Macri hubo más de 70 políticos kirchneristas presos, precisó De Elía.
Excarcelaciones y sobreseimientos con el cambio de signo del gobierno
Lo cierto es que desde que el resultado de las primarias presidenciales realizadas en agosto pasado mostró una ventaja casi irremontable a favor de la fórmula peronista y se alzó el clamor por liberar a los "presos políticos", cerca de doce exfuncionarios, sindicalistas y empresarios vinculados al kirchnerismo que se encontraban en prisión preventiva por la denominada causa de los cuadernos de la corrupción fueron excarcelados.
La Justicia decidió asimismo revocar el procesamiento de Fernández de Kirchner en las causas por supuestos sobornos en los corredores viales, por la importación de gas licuado con sobreprecios y en otras dos causas vinculadas al caso de los "cuadernos".
Además, la actual vicepresidenta fue sobreseída en una causa en la que se le investigaba por supuesta insolvencia fraudulenta para evitar el embargo de bienes y se dejó sin efecto la orden de prisión preventiva en su contra en la investigación del memorándum de entendimiento que Argentina firmó en el 2013 con Irán.
La puesta en vigencia a finales del 2019 del nuevo Código Procesal Penal aceleró la salida de las cárceles de los acusados sin condena, ya que solo debe ser aplicada frente al riesgo real de entorpecimiento de la investigación o el peligro de fuga.
A prisión sin condena, condenados sin prisión
El caso paradigmático es el del exministro de Planificación Federal kirchnerista Julio De Vido (2003-2015).
De Vido fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia ferroviaria de Once que en el 2012 le costó la vida a 51 personas en la terminal ubicada en el centro de Buenos Aires, pero como la Cámara de Casación tiene la sentencia en estudio desde hace diez meses y no la ratificó aún, el exfuncionario no está preso por este caso.
Sin embargo, el otrora poderoso colaborador de los Kirchner cumple prisión preventiva por dos causas que están en trámite, sin fallo condenatorio emitido, aunque recibió recientemente el beneficio del arresto domiciliario por cuestiones de salud.
Pero no todos los presos sin condena -poco menos de la mitad del total- recuperaron su libertad, pese a que las autoridades se encuentran en alerta por la superpoblación de cárceles, comisarías y alcaidías.
"El problema de fondo es que no hay juicios: la Justicia somete pero no condena ni absuelve. Y cuando finalmente hay condenas o absoluciones, en su gran mayoría, llegan tarde y su confección está sospechada.
Es decir, el problema del mal uso y abuso de las prisiones preventivas en la Argentina no es un problema nuevo, solo que cobró relevancia en este último año por la cantidad de políticos, sindicalistas y empresarios presos vinculados al kirchnerismo", sostiene De Elía.
Juicios rápidos y justos, con sentencias que queden firmes a la brevedad, podrían ser parte de la solución.
Vínculos con el poder
El problema del nuevo Código Procesal Penal, señala por su parte la politóloga Florencia Freijo, es que "generó suspicacias por el período en que entró en vigencia la reforma, cuando el kirchnerismo vuelve al poder".
Pero la supuesta influencia del poder sobre la Justicia no discrimina colores partidarios: "No olvidemos que fue con Mauricio Macri que se aprobó la designación de un juez de la Corte Suprema por decreto, con lo cual eso ya habla de ciertas situaciones en los procesos judiciales que están teñidas de amiguismos y de sesgos partidarios", advierte Freijo.
El nuevo Gobierno también aspira a dejar su sello con una reforma judicial, en particular de la poderosa esfera federal que se encarga por ejemplo de investigar delitos sensibles como la corrupción y el narcotráfico.
La calma que suele reinar en enero en los tribunales, por la feria de verano en el Poder Judicial, este año parece ser sólo superficial mientras desde el Ejecutivo se comienza a delinear la reforma que fusionaría distintos fueros con el fin de agilizar la administración de justicia.
Para Freijo, “hay sobradas pruebas de que se necesita un nuevo modelo a seguir porque dentro de los juzgados reinan las subjetividades”.