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Los pueblos indígenas de la Amazonía pidieron al Banco Mundial (BM) que mejore las salvaguardas socioambientales y sanitarias en sus préstamos y que exija a los Estados prestatarios que les den prioridad de atención en sus proyectos de respuesta rápida ante el COVID-19.
Estos requerimientos fueron expuestos por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) durante las Reuniones de Primavera del BM y del Fondo Monetario Internacional (FMI), informaron la Coica y la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
En el encuentro virtual “Mejoras para la implementación de las salvaguardas sociales y ambientales de las Instituciones Financieras Internacionales desde la propuesta indígena”, los indígenas denunciaron la grave situación que afrontan por defender sus territorios y ante el embate de la pandemia del COVID-19.
Flexibilización de derechos
Durante la cita se afirmó que la defensa de los pueblos indígenas de la Amazonía frente a la actividad extractiva y de infraestructura en sus territorios se ha visto más vulnerada a raíz de la pandemia.
Además, que la flexibilización de algunos derechos indígenas y de estándares ambientales para agilizar proyectos de inversión, sumada a la amenaza a sus líderes y la alta tasa de contagios por el COVID-19, “han sido una constante en el último año” en Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú.
En ese sentido, Tabea Cacique, dirigente y coordinadora de Educación de la Coica, señaló que el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (Ciedh) indica que se registraron 604 ataques contra defensores de derechos humanos, una cifra por encima de lo registrado en el 2019.
“De los ataques en el último año, al menos un tercio se derivaron de la falta de participación y acceso a la información. Además, un quinto de ellos fue en contra de las mujeres”, remarcó Cacique.
Entre estos casos, se mencionó el de Estela Casanto Mauricio, líder indígena del pueblo Asháninka en la región peruana de Junín, que fue asesinada el pasado 13 de marzo por defender su territorio ante el tráfico ilegal de tierras.
Cacique destacó que el Acuerdo de Escazú, que entrará en vigor este 22 de abril, establece obligaciones para que se mejore la protección de los defensores de derechos humanos, por lo que hizo un llamado al BM para que recomiende e inste a los Estados que ratifiquen ese acuerdo, ya que países como Perú no lo han hecho.
Defensa de la consulta previa
Durante la reunión, el coordinador de territorios de la Coica, Elcio da Silva Machineri, indicó que durante la pandemia países como Colombia y Perú propusieron implementar consultas virtuales para algunas etapas de los procesos de consulta previa, lo que “recibió un rechazo rotundo ciudadano y de las organizaciones indígenas”.
Manchineri informó, al respecto, que la Coica está elaborando protocolos de consulta previa para toda la Cuenca Amazónica, los que en el 2020 fueron incluidos en el nuevo Marco de Política Ambiental y Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A su turno, el representante de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Tomás Candia, explicó que la pandemia no ha puesto un límite a la actividad extractiva tanto legal como ilegal y consideró que “esto es un doble riesgo para los pueblos”.
“Es motivo para flexibilizar algunos derechos indígenas y estándares ambientales para agilizar proyectos de inversión. Todo bajo el discurso de la necesaria reactivación económica”, sostuvo.
Salvaguardas y COVID-19
Ante esta situación, Manchineri solicitó ante el BM la implementación y consideración de los protocolos de consulta previa para la evaluación y aprobación de los préstamos que otorga.
El objetivo de esta medida “es lograr que más instituciones financieras internacionales implementen estas salvaguardas como una buena práctica en el respeto de los derechos indígenas”.
Por otra parte, el coordinador de Relaciones Internacionales de la Coica, Adolfo Chávez, solicitó que se adopte “una política de presupuesto directo para el proceso de vacunación de los pueblos indígenas de la cuenca Amazónica”.
También para la adquisición y distribución de pruebas de detección del COVID-19 y que se exija a los Estados prestatarios del Banco Mundial que den prioridad a los pueblos indígenas en sus proyectos de respuesta rápida ante la pandemia.
Al respecto, la Coica y DAR precisaron que hasta el pasado 15 de marzo se han registrado en toda la Amazonía 2′292,648 contagios confirmados y 57,498 decesos por el COVID-19.
