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El Tribunal Supremo italiano pospuso hasta mañana (viernes) su sentencia sobre el proceso contra 21 militares y jerarcas de las juntas militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay acusados del asesinato y desaparición de italianos en el marco del Plan Cóndor, el plan represor de las décadas de 1970 y 1980.
Esta decisión responde a una cuestión burocrática, pues varios acusados han fallecido en los últimos tiempos y se requiere un certificado de defunción, indicaron fuentes de la acusación.
La vista se retomará el viernes a las 13.30 locales (11.30 GMT), cuando las partes han sido convocadas al enorme tribunal del centro de Roma para escuchar una sentencia esperada por los parientes de las víctimas desde hace más de dos décadas.
El Supremo italiano debe poner punto y final a un proceso en el que están imputados 21 represores, todos en contumacia, sin personarse, excepto el uruguayo Jorge Néstor Troccoli, de 74 años, que llegó al país europeo tras escapar de Uruguay en el 2007.
Troccoli, que hoy no acudió al Tribunal, fue absuelto en primer grado pero condenado a cadena perpetua en segunda instancia, por lo que decida el Supremo reviste gran importancia.
Todos están imputados por la desaparición de una veintena de italo-latinoamericanos, activistas de izquierdas y disidentes, en el Plan Cóndor, la operación de represión coordinada entre las dictaduras de América Latina en las décadas de 1970 y 1980.
Veinte años buscando justicia en Italia
La idea de procesar a los represores latinoamericanos en Italia surgió en 1998, tras la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet.
El fiscal italiano Giancarlo Capaldo empezó entonces a recabar los testimonios de parientes de ciudadanos italianos asesinados en aquellos convulsos años en Sudamérica y abrió una investigación que ha derivado en este enrevesado proceso en Roma.
En un primer momento los imputados ascendían a 146, si bien la muerte de muchos de ellos, ya ancianos, y la negativa de Argentina de procesar a los de ese país, acabó diezmando la lista.
No obstante, el juicio siguió adelante y la primera sentencia llegó en el 2017, en primer grado: 8 cadenas perpetuas y 19 absoluciones, un veredicto considerado insuficiente por los familiares, que dos años después lograron que en Apelación las cadenas perpetuas aumentaran a veinticuatro.
Última palabra, al Supremo
La Corte de Casación italiana, el mayor órgano de justicia del país, debe ahora poner punto y final a este proceso de alto valor simbólico, pues en sus audiencias se ha tratado de hacer justicia ante el aciago destino de las víctimas italo-latinoamericanas.
El fiscal del Supremo, Pietro Gaeta, pidió hoy confirmar las 24 cadenas perpetuas dictadas en Apelación, una alocución aplaudida por los parientes y damnificados.
No obstante, la sentencia no ha podido llegar este jueves. La decisión de retrasarla se debe a la necesidad de obtener las actas de defunción de algunos imputados, como el excomandante Germán Ruiz Figueroa o el exmilitar uruguayo Luis Alfredo Maurente Mata.
Además el último abogado en hablar, el de Troccoli, Francesco Saverio Guzzo, terminó de hacerlo a última hora de la tarde y la Corte necesita tiempo para redactar la sentencia, al menos cuatro horas, por lo que se decantó por retrasar su decisión.
Troccoli, que vive en libertad en Italia, no ha acudido a la vista.
La larga sombra del Cóndor
La lista de acusados ha venido reduciéndose notablemente desde que el juicio echara a andar en el 2014 y en la actualidad son 21, aunque algunos han fallecido recientemente y muchos de ellos ya han sido procesados e incluso cumplen condena en sus países.
En cualquier caso el Supremo deberá pronunciarse sobre cuatro imputados chilenos, trece uruguayos, un boliviano y tres peruanos.
Los chilenos son Pedro Espinoza, miembro de la policía secreta de Pinochet; el militar Daniel Aguirre Mora, el que fuera funcionario de la Policía de Investigaciones chilena Carlos Luco Astroz y el exintendente Hernán Ramírez Ramírez, ya fallecido.
El boliviano es el exministro del Interior Luis Arce Gómez, fallecido en marzo del 2020. En el proceso italiano también estaba acusado el expresidente Luis García Meza Tejada, pero murió en el 2018 antes de que el Tribunal italiano dictara sentencia.
Los tres peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez, que en octubre cumplirá cien años; el excomandante Germán Ruiz Figueroa (muerto) y el exmilitar Martín Martínez Garay.
El grupo más numeroso es el uruguayo: Además de Troccoli, figuran los represores José Ricardo Arab Fernández, José Horacio “Nino” Gavazzo (fallecido), Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Abelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez Bissio y Juan Carlos Blanco.
Hace una semana se supo que Italia había ratificado la cadena perpetua a tres exmilitares chilenos que no habían presentado un recurso. Son el coronel Rafael Ahumada Valderrama, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el brigadier Manuel Vásquez Chauan.