La “ley rider” sacude el pujante sector del reparto a domicilio en España

Incertidumbre jurídica y choque con los sindicatos: cinco meses después de la aprobación de la “ley rider” en España, que otorga estatuto de empleados a los repartidores de comida, la norma sigue agitando a las plataformas, que buscan reposicionarse en un sector en plena ebullición.

La nueva ley nació como pionera, con vocación de servir como modelo para los numerosos países donde los “riders”, repartidores cargados con grandes mochilas que se mueven en moto o bicicleta, han aumentado exponencialmente.

La conocida como “ley rider”, adoptada a mitad de mayo por el gobierno de izquierda de Pedro Sánchez, hizo que miles de ellos, considerados hasta ahora como trabajadores a cuenta propia, fueran contratados en las últimas semanas.

“Esas personas ahora sí tienen protección social”, celebra Carlos Gutiérrez, del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), para quien esta reforma “ya está produciendo efectos”.

El texto, que entró en vigor el 12 de agosto, introdujo en el Estatuto de los Trabajadores una “presunción de laboralidad” para todos los repartidores que trabajan a través de aplicaciones como Uber Eats, Glovo o Deliveroo. El cambio suponía una auténtica revolución para las plataformas, obligadas ahora a pagar las cotizaciones sociales de estos empleados.

“Son mejoras importantes para los repartidores, que tienen condiciones de trabajo precarias. Pero hay que seguir vigilantes, porque todavía hay problemas pendientes”, subraya Rubén Ranz, del sindicato UGT (Unión General de Trabajadores).

Con el sector sacudido por la nueva norma, el grupo británico Deliveroo anunció a finales de julio sus planes de abandonar España, pese a tratarse de uno de los mercados más dinámicos para el reparto de comida a domicilio, con 4.7 millones de clientes registrados a finales del 2019 según el gabinete de estudios Afi.

La operación de salida, que ya se había planteado antes de la aplicación de la ley, está actualmente en fase de finalización. “Deliveroo ya abrió un procedimiento de despido colectivo”, explica Ranz, que afectará a 3,871 personas, pero “todavía no tenemos las condiciones”, apunta.

‘Periodo caótico’

Aún resulta difícil determinar quién resultará beneficiado por la marcha de Deliveroo, ya que las plataformas han apostado por diferentes modelos para adaptarse al nuevo marco legal.

Just Eat, que se había mostrado favorable a la reforma, lanzó durante el verano negociaciones con los sindicatos para poner en marcha su “propia red de repartidores”. En el mercado español desde hace 11 años, la empresa tendrá entonces el “primer convenio colectivo” del sector, según su director, Patrik Bergareche.

El gigante californiano Uber Eats, de su lado, optó por un sistema de subcontratación: los repartidores que usan su aplicación son ahora asalariados a través de empresas intermedias del sector de la logística, como Closer Logistics, Deelivers y Delorean.

Una estrategia defendida por la empresa, que estima estar así en regla con la “ley Rider”, pero criticada por los sindicatos. Esto es similar a una “cesión ilegal de trabajadores” juzga Rubén Ranz, para quien “las plataformas deberían tener sus propios empleados”.

Las principales críticas, sin embargo, se las lleva la catalana Glovo. La popular plataforma de las mochilas amarillas -que en abril recaudó inversiones por 450 millones de euros- anunció que convertiría en empleados a 2,000 repartidores que trabajan para sus propios supermercados por internet o para empresas con las que tienen acuerdos.

El resto de repartidores que trabajan con ellos, hasta 10,000, seguirán siendo autónomos. El grupo español, que no ha respondido a las preguntas de la AFP, ha creado un nuevo estatuto con el que pretende reforzar la independencia de los ‘riders’: a partir de ahora, podrán conectarse para trabajar a la hora que mejor les venga y no serán penalizados si rechazan un pedido.

Este modelo, que pretende eliminar toda relación directa con los repartidores, “no respeta la ley”, critica Carlos Gutiérrez. “Ellos saben que lo que están haciendo es ilegal, pero buscan ganar tiempo”, añade Ranz.

Los sindicatos UGT y CCOO han protestado ante la Inspección de Trabajo, que podría lanzar un proceso judicial. Un nuevo punto de incertidumbre en un mercado en plena ebullición, tras el desembarco en las últimas semanas de nuevas plataformas como Rocket y Getir, cuyos repartidores sí serán asalariados.

“Estamos en un periodo un poco caótico donde todos intentan tomar posiciones, en un mercado en el que se están invirtiendo cantidades enormes de dinero y que está en plena ebullición”, resumió el fundador de Deelivers, Adrián Pena, en una tribuna reciente.