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Con una tasa de vacunación envidiable y un uso extendido de las mascarillas, España se vuelve hacia el pasaporte COVID para frenar el súbito aumento de casos de coronavirus, no sin reticencias.
A falta de una armonización nacional, las regiones han acelerado en la última semana la exigencia de esta prueba de inmunización, descartados los confinamientos y reacias a recuperar restricciones horarias para la hostelería.
Aragón, Baleares, Navarra y Galicia exigen el pasaporte, principalmente en el ocio nocturno y en banquetes y celebraciones en restaurantes, al igual que Cataluña, que va más lejos y también lo exige desde este viernes en gimnasios y en visitas a residencias de ancianos; en el País Vasco, en cambio, lo rechazaron los tribunales.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó que el “elevadísimo porcentaje de vacunados es un factor que opera en contra de la medida”.
“Imponer la exigencia del Pasaporte de modo indiscriminado carece de justificación, y menos aun cuando simultáneamente se reconoce que los efectos del contagio en los vacunados no son relevantes”, sentenció.
Evitar un desbarajuste
Para Magda Campins, responsable del comité científico que asesora al gobierno catalán, el pasaporte sirve “para intentar evitar medidas más restrictivas que representen un desbarajuste más importante para nuestra vida cotidiana y para aquellos establecimientos a los que se les imponen las restricciones”.
Casi el 90% de la población de más de 12 años está vacunada completamente en España, donde el jueves murieron de COVID 27 personas, en contraste con las más de 900 que perecían en el peor momento de la pandemia.
En aquel entonces las unidades de cuidados intensivos estaban desbordadas de pacientes de COVID, mientras que el jueves éstos eran el 6,22% de los de las UCI.
El gobierno vasco apelará al Tribunal Supremo, que, a falta de ley específica, estimó en septiembre, no sin reservas, que la medida encajaba en las leyes existentes cuando dio el visto bueno a las autoridades gallegas para implantarlo.
Dificultades para implantarlo
“A diferencia de prácticamente todos los países de la Unión Europea que han tenido regulaciones especiales para la pandemia desde que ésta empezó, aquí el Gobierno español y el legislador español han decidido prácticamente no hacer nada al respecto, eso ha contaminado toda la situación”, dijo Lorenzo Cotino, catedrático de derecho constitucional de la Universidat de Valencia.
Aunque el Tribunal Supremo “ha admitido la mayor, es decir, que se puede llegar a adoptar el pasaporte COVID con la mala legislación que tenemos”, este antiguo magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia estimó que las dudas sobre su impacto en los derechos arreciarían en caso de que exigise en el trabajo o en el transporte público.
El pasaporte COVID ha dado lugar a grandes protestas en Italia, Francia, y Holanda, en este caso acompañadas de fuertes disturbios, algo que de momento no se vislumbra en España, aunque el pasaporte no suscite unanimidad.
“Que a los caciques autonómicos les quede claro: Rechazaremos que el pasaporte COVID sea motivo de discriminación entre españoles y recurriremos a los Tribunales las veces que haga falta”, advirtió en Twitter el partido de extrema derecha Vox.
La hostelería lo prefiere a los cierres, pero “se ven dificultades para implantarlo por la necesidad de personal de control en las puertas de los establecimientos, la dificultad que genera la brecha digital a determinadas edades y lo desincentivador que puede resultar”, afirmó en un comunicado la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE).
La CEHE observó que en algunos países el pasaporte funciona “como incentivo de la vacunación (por la baja participación ciudadana), no como medida de contención de la pandemia”, algo que no es necesario en España.
