:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/FBYEARKXARHTNMGARBDMZCFRQU.jpg)
Chile dio otro paso importante hacia la consagración del agua como un derecho humano, a medida que el agotamiento de los suministros aumenta el escrutinio de uno de los sistemas de asignación más privatizados del mundo.
La semana pasada, los miembros de la convención elegida para redactar la nueva Constitución presentaron una propuesta para hacer del acceso al agua y saneamiento un derecho fundamental, dijo Jaime Bassa, vicepresidente de la Convención Constituyente formada por 155 personas.
Si bien la Carta Magna actual, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, cataloga el agua como un bien público, también establece que las asignaciones funcionan como propiedad privada. Al proteger los derechos de las empresas agrícolas, energéticas y mineras, el sistema propició que Chile se convirtiera en un importante exportador de todo, desde cobre hasta aguacate y vino.
Pero más de una década de sequía y una supervisión laxa han dejado a algunas comunidades en estado de abandono, lo que ha provocado que el agua se convierta en un tema clave de justicia social.
Chile es el único país del mundo que dice específicamente en su Constitución que los derechos de agua son tratados como propiedad privada, indicó Jaime Bassa, profesor de derecho de 44 años en la Universidad de Valparaíso, y añadió que los derechos se pueden comprar y vender como si fueran acciones de la empresa.
El artículo propuesto por una de las 10 comisiones en la Convención Constituyente vería al Estado garantizar el agua y el saneamiento como un derecho inalienable. Adicionalmente protegería las cuencas hidrográficas durante la crisis climática, indicó Bassa.
La propuesta está en línea con un proyecto de ley aprobado en julio por el Senado que incluye limitar los derechos de agua actualmente ilimitados en un máximo de 30 años y facultar a los reguladores para suspender los derechos que no se están utilizando o si los suministros están en riesgo.
También se han presentado otras propuestas, como el derecho a la vida y la fecundidad asistida y una reforma del sistema judicial. Todo el contenido probablemente se presentará en marzo o abril y el documento completamente redactado debería estar listo para mayo o junio para presentarlo al próximo presidente en julio, dijo Bassa.
El agua es parte de un impulso más amplio en Chile para reformar un modelo que utilizó servicios sociales privatizados para ayudar a crear una de las economías más vibrantes de la región, sin embargo, dejó atrás a muchas personas. Esas preocupaciones dieron pie a una erupción de protestas sociales en el 2019 que originaron la creación de la Convención Constituyente.
Bassa señala que hay un Chile visto desde afuera que muestra todos los beneficios de la acumulación de riqueza del modelo neoliberal. Pero que existe otro que no se ve, en el que una gran mayoría de personas quedaron atrás en condiciones precarias y de pobreza.
La gente debería esperar un nuevo diseño político e institucional en la Constitución que fortalezca la cohesión social y consagre los derechos fundamentales, como se ve en algunos países europeos o Uruguay, dijo.
El ganador de las elecciones presidenciales del domingo probablemente convoque en agosto o septiembre un plebiscito para aprobar o rechazar el proyecto de Constitución.
El próximo presidente podría ser de izquierda con Gabriel Boric, de la misma coalición bajo la cual Bassa fue elegido en mayo, o bien, el conservador José Antonio Kast, admirador de los años de Pinochet. En su momento, Kast hizo campaña en contra de la redacción de una nueva Constitución y ha dicho que podría volver a hacerlo si esta es “mala”.
Los chilenos votaron de forma abrumadora a favor de una nueva constitución y luego encomendaron esa tarea principalmente a representantes de izquierda e independientes. Pero el sentimiento parece haber cambiado desde entonces. El mes pasado, Kast ganó las elecciones de primera ronda y, por primera vez en décadas, la derecha tiene la mitad del Senado y casi la mitad de la Cámara Baja. Esa composición del Congreso limitaría las posibilidades de cualquier política radical.
La lectura de Bassa es que todavía hay una demanda innegable de más justicia social, pero con diferentes puntos de vista sobre cuánto mercado libre o participación estatal debe tener el nuevo sistema.
