Para las empresas europeas que operan en Asia, o las empresas latinoamericanas y asiáticas que venden en África o Medio Oriente, los riesgos empresariales abundan. Sorprendentemente una de las principales preocupaciones de los máximos ejecutivos es caer en desgracia con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) o su Departamento del Tesoro.

Estados Unidos es líder mundial en castigar la corrupción, el lavado de dinero y las violaciones de sanciones. En la última década ha castigado cada vez más a las empresas extranjeras por conducta indebida fuera de Estados Unidos. Decenas de bancos han pagado decenas de miles de millones de dólares en multas. En los últimos 12 meses, varias multinacionales, entre ellas Glencore y ZTE, han pasado un mal rato en términos legales. La disputa diplomática sobre Huawei, una firma china de equipos de telecomunicaciones, se centra en la legitimidad del alcance extraterritorial de Estados Unidos.

Estados Unidos se ha comprometido a convertirse en el guardián, juez y jurado del mundo de los negocios. Puede hacerlo debido a su privilegiado papel en la economía mundial. Las compañías que se niegan a ceder ante su jurisdicción global pueden verse excluidas de su gigantesco mercado interno, o excluidas del uso del sistema de pagos en dólares y, por extensión, del uso de los bancos convencionales. Para la mayoría de las grandes empresas eso sería suicida.

Ejercer la fuerza es a menudo bien recibido. Por ejemplo, si no fuera por la dura posición de Estados Unidos contra la FIFA, los funcionarios corruptos que dirigían el fútbol mundial no habrían sido llevados ante la justicia. Pero a medida que el alcance de la actividad legal extraterritorial se ha vuelto más claro, también lo han hecho tres problemas evidentes.

Primero, el proceso es perturbadoramente improvisado y turbio. Los casos rara vez van a la corte y, cuando se resuelven, los ejecutivos reciben órdenes de censura. Al enfrentar poco escrutinio, los fiscales han aplicado interpretaciones cada vez más amplias de lo que cuenta como el tipo de vínculo con Estados Unidos que hace que un presunto delito sea punible allí; el contacto indirecto con bancos extranjeros con sucursales en Estados Unidos, o el uso de Gmail, ahora parece ser suficiente.

Imagínese si China multara a Amazon con US$ 5,000 millones y encarcelara a sus ejecutivos por realizar negocios en África que no infringían la ley estadounidense, pero que ofendían las reglas chinas y se discutían en WeChat.

En segundo lugar, los castigos pueden ser desproporcionados. En el 2014, BNP Paribas, un banco francés, recibió una multa relacionada con sanciones de US$ 8,900 millones, suficiente para amenazar su estabilidad. En abril, el gobierno de Trump prohibió a una empresa de tecnología china con 80,000 empleados tratar con empresas estadounidenses; casi salió del negocio. La prohibición se ha revertido desde entonces, lo que subraya la impresión de que las reglas se están aplicando en el momento.

En tercer lugar, las acciones legales de Estados Unidos a menudo se pueden entrelazar con sus intereses comerciales. Como lo explica nuestra investigación esta semana, una prolongada investigación de soborno en la firma francesa Alstom la llevó a los brazos de General Electric, un ícono industrial estadounidense. Los bancos estadounidenses han retomado el negocio de sus rivales europeos que se quedaron atontados por las multas.

A veces, las firmas estadounidenses están en la línea de fuego: Goldman Sachs está siendo investigado por el DOJ por su papel en el escándalo de 1 MDB en Malasia. Pero muchos ejecutivos extranjeros sospechan que las empresas estadounidenses reciben un tratamiento especial y se las arreglan para lidiar con las normas.

Estados Unidos tiene mucho de lo que estar orgulloso como luchador contra la corrupción. Pero, por su propio bien y el de los demás, debe encontrar un enfoque más transparente, más proporcionado y más respetuoso con las fronteras.

Si no lo hace, su uso creciente de acciones legales extraterritoriales finalmente será contraproducente. Esto desalentará a las empresas extranjeras a recurrir a los mercados de capital estadounidenses.

Alentará a China y Europa a promover sus monedas como rivales frente al dólar y a desarrollar sistemas de pagos globales que eviten al Tío Sam. Y el DOJ podría notar que, al haber puesto todas las armas contra casos marginales, tiene menos pólvora para los más atroces. Lejos de expresar el poder geopolítico, el alcance legal de Estados Unidos terminaría disminuyendo el poder estadounidense.