A medida que aumenta el costo de la vida en todo el mundo, los Gobiernos no están dejando la tarea de controlar la inflación a sus bancos centrales. También están respondiendo de otras formas.
Hay una larga lista de otras políticas destinadas a frenar los precios. Muchas de ellas, junto con otras nuevas, se están volviendo a aplicar ahora, desde el grupo de trabajo sobre la cadena de suministro del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los subsidios energéticos de Europa, hasta los controles generales de Argentina.
Dos reglas fundamentales de la economía ortodoxa de las últimas décadas han sido que los precios deben fijarse en los mercados libres y que la gestión de la inflación es tarea de la política monetaria. Pero las presiones pandémicas sobre los precios este año, tras los estímulos récord de los Gobiernos y los bancos centrales que han impulsado la demanda en todo el mundo, están enturbiando el problema.
Por un lado, no está claro cómo el aumento de los costos de endeudamiento —como ya están haciendo muchos países— puede abordar las causas de la inflación pandémica en el lado de la oferta de las economías, como los retrasos en el transporte o la escasez de materiales y mano de obra.
Por otro lado, desde el punto de vista de los políticos, el momento no es el adecuado. Los economistas generalmente estiman que se necesitan al menos seis meses para que la política monetaria más estricta surta efecto al frenar la demanda. Así que, incluso si la Reserva Federal, por ejemplo, aumenta las tasas de interés a fines del 2022 —con un impacto que se sentirá en algún momento del 2023— eso no alivia la presión sobre políticos como Biden para que hagan algo antes.
Las encuestas, desde Estados Unidos hasta Reino Unido, han demostrado que los votantes están preocupados por las alzas de precios.
En términos más generales, la pandemia ha reavivado el debate sobre el papel de los Gobiernos en la economía, y la inflación es parte de esa discusión. La opinión predominante ha sido que dejar los mercados en paz es la forma más eficiente de ofrecer productos baratos.
Pero la crisis de la cadena de suministro de este año ha hecho que se cuestione si la búsqueda de la eficiencia y los precios bajos se ha hecho a expensas de la estabilidad, o incluso de la seguridad nacional.
Subsidios energéticos
El alza de los precios de la energía es uno de los principales componentes de la inflación pandémica, y los Gobiernos están interviniendo para amortiguar el impacto. Es probable que este tema ocupe un lugar destacado en la reunión de este fin de semana de los líderes del Grupo de los 20.
Francia planea implementar una subvención única de 100 euros para las personas de bajos ingresos. España ha prometido medidas para limitar las facturas de los hogares y está aplicando un impuesto extraordinaria a algunos proveedores de energía, aunque se abstuvo de imponer una carga más amplia. Kenia está utilizando un fondo de estabilización para bajar los precios de los surtidores, y también redujo el impuesto a la gasolina que recauda dinero para el fondo.
Los economistas no consideran que estos subsidios sean antiinflacionarios, ya que no reducen los costos, sino que los distribuyen de forma diferente. Pero sí reducen el aumento inmediato de los gastos de subsistencia, que es lo que significa la inflación para la mayoría de los no economistas. En América Latina, un precio que es especialmente sensible para los políticos es el del gas licuado de petróleo, porque se utiliza para cocinar, especialmente en los hogares más pobres.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está creando una empresa estatal de distribución que venderá el combustible “a un precio justo”, y su Gobierno impuso límites de precios en algunas regiones. El Senado de Brasil aprobó un programa de subvenciones para ayudar a unos 11 millones de familias a comprar gas para cocinar, financiado en parte por los dividendos recibidos del gigante petrolero estatal Petrobras.
Precios de alimentos
Especialmente en los países de bajos ingresos, el aumento de los precios de los alimentos puede desencadenar una crisis social, y este año ha generado el aumento más rápido en una década.
Algunos países están intentando impulsar la oferta. El banco central de Nigeria está apoyando a los agricultores con préstamos baratos, para que puedan aumentar la producción.
Rusia, el mayor exportador de trigo del mundo, también está intentando mejorar la productividad de sus granjas, pero reconoce que eso llevará tiempo, y también está frenando las ventas al exterior para garantizar que haya suficiente grano para el mercado nacional. Las medidas incluyen un derecho de exportación que se ajusta cada semana.
Esto ilustra el elemento de inutilidad que pueden tener algunas políticas sobre el costo de la vida. Cuando los países que exportan alimentos o energía adoptan medidas para que esos productos sean asequibles en su país, pueden limitar el suministro —y aumentar los precios— en otros lugares. La prohibición de las exportaciones de carne vacuna de Argentina de este año es otro ejemplo.
Otros Gobiernos se han centrado en la forma de vender los alimentos. Turquía está ampliando una red de tiendas de cooperativas agrícolas y ha encargado a sus funcionarios que investiguen los precios abusivos en los mercados mayoristas. También eliminó los aranceles a la importación de cereales y lentejas, y está trabajando en un sistema de alerta meteorológica temprana para detectar posibles crisis de suministro.
Controles de precios
Argentina tiene un largo historial de políticas poco ortodoxas para controlar los precios, y siempre ha tenido una de las tasas de inflación más altas del mundo, lo que sugiere que no han funcionado.
Aun así, el presidente Alberto Fernández ha implementado algunas de las medidas más drásticas para mantener bajo el costo de la vida. Este mes anunció la congelación de los precios de más de 1,400 artículos para el hogar hasta después de Navidad, tras una ruptura de las conversaciones con la industria sobre un acuerdo de precios. También ordenó a las empresas que produzcan a plena capacidad.
Cadenas de suministro
Biden ha estado luchando durante meses para suavizar los cuellos de botella que hacen subir los precios al consumidor y amenazan con escasez durante la temporada navideña, a pesar de que su Administración tiene poderes limitados para abordarlos.
La Casa Blanca creó un grupo de trabajo sobre la cadena de suministro. Ha tratado de presionar a los puertos congestionados para que trabajen más horas, conseguir que se emitan más licencias para conductores de camiones con el fin de superar la escasez de mano de obra, y negociar acuerdos para que empresas como FedEx Corp. amplíen sus horarios de entrega.
China, donde la planificación central juega un papel más importante, no está sufriendo una alta inflación al consumidor en este momento, pero está preocupada por los aumentos de algunos precios al productor, especialmente del carbón, que amenazan con agravar la escasez de energía. La máxima agencia de planificación dice que está evaluando intervenir en un mercado que “se ha desviado completamente de los fundamentos de la oferta y la demanda”.
Las autoridades también liberaron reservas de algunos metales para amortiguar los costos. Los gobernantes europeos tienen un plan a más largo plazo para otro factor clave de la inflación pandémica: los semiconductores. Quieren fabricar más chips en la región.
“No hay alternativas a la intervención estatal” si se quiere alcanzar ese objetivo, dijo la semana pasada el primer ministro italiano, Mario Draghi.