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Un juez de Nueva York ha dado luz verde a la nueva línea de financiamiento de US$ 750 millones solicitado por la aerolínea chilena Latam, la mayor de Latinoamérica, como parte de su plan de salida del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, al que la compañía se acogió el año pasado por la crisis derivada de la pandemia.
El juez James Garrity consideró en un escrito publicado anoche que la compañía ofreció una razón “buena y suficiente” para la solicitud de esta línea de crédito, denominada Tramo B del financiamiento DIP (deudor en posesión).
El escrito judicial recoge que estos US$ 750 millones son necesarios, entre otras cosas, para “permitir la continuidad ordenada de sus negocios”, “mantener las relaciones comerciales con vendedores, proveedores, transportistas y clientes” o “pagar los salarios”.
El texto insiste en que la capacidad de los “deudores” (Latam) de continuar obteniendo “suficiente capital de trabajo y liquidez” a través de nuevos créditos en “términos favorables, es vital para la preservación y el mantenimiento” de la empresa y para su reorganización exitosa.
Según señaló en un comunicado el vicepresidente de Finanzas del grupo, Ramiro Alfonsín, el pasado 29 de setiembre, la propuesta “permitirá acceder a mejores condiciones de financiamiento, generando importantes ahorros de costos y beneficiando a nuestros acreedores”.
Los recursos fueron obtenidos en la línea de crédito bajo el Tramo B del financiamiento DIP “a tasas y condiciones más competitivas que las obtenidas para los Tramos A y C, lo que le permitirá mejorar su costo de financiamiento en el marco del Capítulo 11″, explicó la firma.
El directorio de Latam aprobó por unanimidad la oferta de un grupo conformado por Oaktree Capital Management, Apollo Management Holdings “y determinados fondos, cuentas y entidades asesorados por estos mismos”, apuntó.
El financiamiento DIP quedaría conformado así por las líneas existentes de US$ 1,300 millones del Tramo A y US$ 1,150 millones del Tramo C y hasta la fecha ya se han girado US$ 1,650 millones de los Tramos A y C, agregó Latam.
En mayo del 2020 y de forma voluntaria, el grupo se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, una fórmula que permite a una empresa que no puede pagar sus deudas reestructurarse sin la presión de los acreedores.
La decisión incluyó tanto a la matriz -que cotiza en la Bolsa de Nueva York y en la de Santiago- como a sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos.
La semana pasada, Latam solicitó a la Corte de Nueva York que lleva su caso que extienda hasta el 26 de noviembre el plazo para presentar su plan de reorganización, que vencía el viernes pasado y que ya había sido aplazado previamente en setiembre.
Está previsto que el juez Garrity se pronuncie sobre esta solicitud en la sesión prevista para el próximo 28 de octubre.
Asimismo, el pasado día 14 Latam anunció que ha conseguido una propuesta no vinculante de financiación por US$ 12,000 millones en el marco de su plan de restructuración, que ha sido presentada por un grupo de acreedores ad-hoc representado por Moelis & Company y White & Case LLP.
