El Congreso chileno aprobó el martes una ley que reduce gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales y que se espera que sea promulgada por el presidente Gabriel Boric antes del 1 de mayo.
El proyecto, que fue una de las promesas de campaña del mandatario, tardó seis años en ser tramitado en el Congreso y necesitará de otros cinco años para alcanzar su plena vigencia.
La iniciativa, que cuenta con gran apoyo ciudadano y el beneplácito tanto de los sindicatos como de las patronales empresariales, fue aprobada por casi todos los partidos con representación política y convierte a Chile en el segundo país de la región, tras Ecuador, en fijar la jornada en 40 horas semanales.
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La iniciativa fue aprobada por 127 votos a favor, 14 en contra y tres abstenciones. En el Senado, donde había estado estancada por cuatro años, fue acogida por unanimidad hace tres semanas. Los diputados ya la habían votado en 2019.
El proyecto propone una rebaja inicial de 45 a 44 horas laborales a la semana durante el primer año de vigencia de la ley, mientras que la segunda reducción será hasta las 42 horas a partir del tercer año y la meta de 40 horas se alcanzará en el quinto.
La votación del martes en la cámara baja fue para aceptar modificaciones introducidas por los senadores.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, recordó que esta es la segunda vez que Chile reduce su jornada laboral semanal: la primera fue en 2005, cuando se disminuyó de 48 a 45 horas. “Sí se pueden hacer cambios para avanzar en derechos de los trabajadores”, declaró tras la votación.
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Ana Camayo, una manicurista de 54 años que trabaja en una tienda departamentos, declaró a The Associated Press que “la ley es fantástica para más de 30 mujeres que tenemos hijos” en alusión a sus colegas de labor y a las recepcionistas. Agregó que el tiempo libre adicional lo dedicará a su familia.
La reactivación de la iniciativa, presentada por diputadas comunistas en 2017, se produjo luego de unas 200 sesiones de mesas técnicas entre trabajadores y empleadores de grandes, medianas y pequeñas empresas y el gobierno.
La diputada opositora Ximena Ossandón recordó al aprobar el proyecto que fue su sector político el que introdujo la flexibilidad laboral a la iniciativa y abogó para que se amplíe a otros sectores, como los funcionarios públicos y las Fuerzas Armadas.
Su par oficialista Emilia Schneider indicó que la normativa busca que “dejemos de vivir para trabajar” y que haya trabajadores “más descansados y felices”, lo que puede influir en una mayor productividad.
Con información de AP y EFE