Las actividades en Bolivia han retornado progresivamente a la normalidad este miércoles luego de que varios sectores levantaran un paro que duró nueve días tras la abrogación de la polémica ley 1386, mientras organizaciones afines al Gobierno realizan algunas movilizaciones y cabildos.
La oriental Santa Cruz, la región boliviana que encabezó las protestas contra la anulada ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, decidió levantar las presiones, aunque se mantiene en “emergencia y en movilización permanente”.
Esa decisión no fue bien recibida por la Unión Juvenil Cruceñista, uno de los sectores cruceños más radicales contra el Gobierno que retuvieron y exigieron la renuncia del presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo.
Recuperación de actividades
El tránsito en las calles cruceñas y la actividad económica se ha restablecido gradualmente y tras el pronunciamiento del Comité Cívico de Santa Cruz que instruyó el “levantamiento del paro”.
Mientras que los cívicos de Potosí, otro de los focos más fuertes de las manifestaciones, tomarán una postura definitiva tras una reunión en la que también evaluarán otras demandas en torno a otras leyes cuestionadas y la reposición de los dos tercios de votación en los debates del Parlamento.
Entre tanto, en varias de las calles de Potosí es reducida la actividad de transporte y comercial.
En ciudades como la capital Sucre o Cochabamba algunos de los sectores que sostuvieron las jornadas de paro han anunciado evaluaciones y reuniones adelantando que si bien ya no habrá manifestaciones se mantendrán en “emergencia”.
“Evaluamos las pérdidas causadas por el paro en algunas ciudades, y analizamos medidas para revertirlas”, escribió en Twitter el presidente del país, Luis Arce, en una publicación en la que adjuntó fotografías de la reunión de gabinete ministerial de este miércoles.
Tensión tras la abrogación
El Gobierno promulgó la noche de este martes la norma que anula la ley 1386 y la publicó en la Gaceta Oficial, que era uno de los requisitos que exigían los sectores movilizados para levantar el paro.
“Cada día, con esfuerzo y dignidad el pueblo trabajador derrota los afanes golpistas de cívicos racistas y derechistas que con paros violentos atentan contra la economía de #Bolivia”, escribió este miércoles en Twitter el exmandatario y presidente del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales.
El paro de comerciantes, transportistas, cívicos y plataformas de opositores fue señalado por el Gobierno como un nuevo intento de “golpe de Estado” a luz de lo que considera se produjo en la crisis del 2019 y un intento de “desestabilización” del Gobierno de Arce.
Aunque también algunas voces críticas dentro del oficialismo admitieron que lo que falló fue la “socialización” que debió hacer el Ejecutivo y los ministerios antes de la aprobación de una ley que se consideró atentaba contra las libertades ciudadanas.
Algunas movilizaciones
A pesar de la abrogación de la ley 1386, algunos sectores en La Paz como la Asamblea de la Paceñidad han adelantado que se realizará una gran marcha a favor de la reposición de los dos tercios en las votaciones legislativas y el rechazo de algunas leyes en el marco del “regocijo” de la ley ya abrogada.
En contrapunto, las organizaciones sociales afines al Gobierno y al MAS también han convocado a cabildos y marchas en ciudades como El Alto, Santa Cruz y Chuquisaca en respaldo a la gestión de Arce y en defensa de la reactivación de la economía.
Bolivia mantiene una persistente polarización política desde el 2019 que a juicio del Gobierno fue un “golpe de Estado” y que las últimas protestas solo fueron una “excusa” para buscar la desestabilización de la gestión de Arce.