En muchos vecindarios con alta presencia hispana, el anuncio del gobierno federal de revisar expedientes de residentes permanentes legales —y, en ciertos casos, revocar green cards— se tradujo en miedo real: riesgo de separación familiar, pérdida de empleo, angustia comunitaria y largas jornadas de estrés legal. Durante años, sin embargo, tener una green card fue sinónimo de estabilidad definitiva para millones de inmigrantes: la llave para trabajar sin temor, acceder a créditos, matricular a los hijos en escuelas públicas y levantar un proyecto de vida en ciudades como Los Ángeles, Miami o Nueva York. Esa sensación de haber “llegado” se convirtió en un alivio concreto para familias que celebraban cumpleaños, quinceañeras y cenas navideñas sin la sombra constante de la deportación, pero ahora esa seguridad se percibe mucho más frágil.
Organizaciones comunitarias, iglesias latinas y abogados están ya recibiendo llamadas de familias asustadas; muchos recuerdan que, para inmigrantes que llevan décadas pagando impuestos y criando hijos ciudadanos, esta medida se siente como un retroceso profundo en la promesa de estabilidad que otorgaba la green card.
Los cambios de USCIS impactan directamente en procesos como la residencia permanente, la ciudadanía (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
USCIS Y DHS ACTIVAN UNA NUEVA UNIDAD PARA REVISAR GREEN CARDS
De acuerdo con un informe de The New York Times, el U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) confirmó la creación de una división especial, la Tactical Operations Division, bajo supervisión del Department of Homeland Security (DHS). La unidad fue diseñada para reexaminar expedientes de residentes permanentes legales y verificar posibles fraudes, omisiones o riesgos a la seguridad nacional.
De documentos internos y reportes periodísticos se desprende que la división ya identificó a los primeros 50 residentes permanentes que enfrentarán procesos de remoción y posible deportación. El anuncio ha generado alarma en organizaciones de derechos civiles y entre comunidades hispanas que recuerdan redadas y campañas de “compliance” migratorio de administraciones pasadas.
¿QUÉ HACE EXACTAMENTE LA NUEVA DIVISIÓN?
La Tactical Operations Division funciona como un aparato de auditoría migratoria: reabre casos antiguos, cruza información con bases penales y de seguridad, y busca inconsistencias en declaraciones previas. Su trabajo apunta a detectar tanto fraudes como errores administrativos que, según el gobierno, habrían permitido la obtención indebida de la residencia.
Estas son las principales áreas internas que componen la división:
- LPR Operations: Revisión exclusiva de titulares de green card.
- Denaturalization: Investigación para retirar ciudadanías otorgadas.
- Refugee Revetting: Revaluación de casos de refugiados.
- Equipos de análisis criminal: Cruce de datos con agencias de seguridad.
Actualmente, alrededor de 40 oficiales migratorios trabajan exclusivamente en estas revisiones.
| Datos del programa | Cifras |
|---|---|
| Expedientes revisados | Casi 3.000 |
| Green cards bajo revisión formal | Más de 500 |
| Casos considerados potencialmente deportables | Aproximadamente 2% |
| Residentes ya identificados para deportación | 50 |
¿QUIÉNES PODRÍAN PERDER LA RESIDENCIA PERMANENTE?
La revisión no será masiva de golpe; las autoridades priorizan ciertos perfiles. Entre las situaciones que pueden desencadenar una investigación están:
- Arrestos o antecedentes criminales.
- Condenas por violencia doméstica.
- Delitos sexuales.
- Casos de DUI (manejar bajo efectos del alcohol).
- Delitos relacionados con drogas.
- Declaraciones falsas durante el trámite migratorio.
- Sospechas de fraude documental.
- Presuntos vínculos con organizaciones investigadas por seguridad nacional.
Según el portavoz de USCIS, Zach Kahler, la intención oficial es “proteger la seguridad nacional y fortalecer los controles migratorios”. Sin embargo, abogados consultados advierten que criterios amplios o información antigua pueden provocar revisiones que antes no se consideraban motivo de revocación.
LO QUE DICEN LOS NÚMEROS Y LAS PREGUNTAS QUE QUEDAN
Aunque el discurso oficial recalca fraude y seguridad, los datos internos muestran que la mayoría de las personas revisadas mantienen su estatus. Hasta ahora, de casi 3.000 expedientes revisados, poco más de 500 están bajo revisión formal y alrededor del 2% se considera potencialmente deportable; 50 casos ya avanzaron hacia remoción.
Eso plantea preguntas sobre proporcionalidad y recursos: ¿por qué movilizar un aparato grande para resultados relativamente reducidos? Para muchas comunidades latinas la respuesta tiene un efecto práctico: miedo, retraimiento en la participación cívica y menor confianza en las instituciones públicas.
EL MENSAJE POLÍTICO DETRÁS DE LAS REVISIONES
Más allá de la seguridad, analistas relacionan la ofensiva con promesas políticas de deportación que han sido bandera de campañas recientes. La diferencia ahora es que el foco incluye a quienes ya habían obtenido beneficios migratorios legales, lo que multiplica el impacto social y simbólico.
En barrios con fuerte presencia hispana —desde Jackson Heights (Nueva York) hasta partes de Hialeah (Miami) y Boyle Heights (Los Ángeles)— líderes vecinales reportan consultas masivas en centros comunitarios, parroquias y organizaciones de ayuda legal.
CONSEJOS PRÁCTICOS SI TIENES UNA GREEN CARD
Abogados especializados recomiendan no entrar en pánico, pero sí actuar con cautela. Pasos concretos:
- Revisar cuidadosamente el historial migratorio y cualquier formulario presentado.
- Consultar con un abogado de inmigración si hubo omisiones o errores en solicitudes pasadas.
- Mantenerse al día con multas o procesos penales; evitar reincidencias.
- No firmar documentos oficiales sin asesoría legal.
- Conservar copias de toda la documentación migratoria y registros de entrada/salida.
- Contactar de inmediato a un abogado o a una organización comunitaria ante cualquier citación.
Recursos comunitarios a considerar:
- Clínicas legales de universidades locales (ej.: clínicas de derecho en USC, NYU, FIU).
- Organizaciones como United We Dream, American Civil Liberties Union (ACLU) y LatinoJustice.
- Iglesias y centros comunitarios que ofrecen asesoría y apoyo emocional.
UN PANORAMA MIGRATORIO CADA VEZ MÁS COMPLEJO
Mientras DHS y USCIS amplían revisiones sobre residentes permanentes, otros caminos migratorios y de asilo también enfrentan restricciones. Al mismo tiempo, ciertas categorías de empleo temporal siguen siendo rutas hacia la residencia, lo que obliga a abogados y empleadores a navegar reglas contradictorias.
Para los hispanohablantes en EE. UU., el impacto no es solo legal: se trata de cohesión familiar, acceso al empleo y a la educación de los hijos. En ese contexto, la medida refuerza la sensación de que la estabilidad migratoria puede ser revisada años después de haber sido otorgada.
USCIS se ha puesto más exigente en sus trámites y documentos (Crédito: JasonDoiy / iStock)
