En un estado donde miles de familias latinas —muchas con años trabajando, pagando renta y criando hijos nacidos en Estados Unidos— habían encontrado cierta tranquilidad al obtener una licencia de conducir, la posibilidad de que esa información empiece a circular a nivel nacional ha encendido la alarma y despertado preocupación, dudas y hasta miedo. El cambio no solo toca un tema administrativo: también pone sobre la mesa una pregunta muy sensible para muchos hispanos que viven en Estados Unidos, especialmente para quienes dependen del auto para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o resolver la vida diaria sin llamar la atención. California está a punto de dar un paso que impacta a comunidades migrantes de todo el estado, desde Los Ángeles hasta San Diego y el área de la Bahía; prácticamente ningún rincón queda ajeno a este debate.
California planea compartir información de titulares de licencias de conducir con la American Association of Motor Vehicle Administrators, con el fin de cumplir con la Real ID Act, una ley federal que establece estándares para que las identificaciones estatales sean aceptadas en instalaciones federales, como aeropuertos. El problema, según organizaciones de derechos civiles, es que este intercambio se haría a través del sistema conocido como “State-to-State” (S2S), junto con su plataforma SPEXS, que permite verificar datos entre estados y detectar si una persona tiene más de una licencia.
Una ciudadana de California caminando por las calles de Los Ángeles mientras ve su celular (Foto: AFP)
¿QUÉ DATOS SE COMPARTIRÍAN?
Aquí es donde crece la inquietud. Según una información que se ha publicado en Cal Matters, parte de la información incluiría datos vinculados al número de Seguro Social.
En términos simples:
| Dato | Qué significa |
|---|---|
| Últimos 5 dígitos del Seguro Social | Identificación parcial del titular |
| Código “99999” | Indica que la persona no tiene Seguro Social |
Ese último código es el que más preocupa a grupos comunitarios. En la práctica, podría funcionar como una señal indirecta de que una persona no cuenta con estatus migratorio regular en Estados Unidos, aunque no lo diga de forma explícita.
EL IMPACTO EN LOS INDOCUMENTADOS
Más de un millón de personas han obtenido licencias en California bajo la ley Assembly Bill 60, una norma que fue celebrada durante años por defensores de inmigrantes porque permitió manejar legalmente sin exigir prueba de estatus migratorio.
Por eso, organizaciones como Oakland Privacy y Western Center on Law and Poverty consideran que este cambio podría romper una promesa clave hecha a las comunidades migrantes.
Las principales preocupaciones son claras:
- Que agencias federales como Immigration and Customs Enforcement (ICE) intenten acceder a estos datos.
- Que la ausencia de un Seguro Social sea usada como indicador indirecto de posible estatus migratorio irregular.
- Que, una vez compartida, la información ya no quede completamente bajo control del estado.
Para muchas familias latinas, esto no es un asunto técnico. Es algo que puede tocar la vida diaria, desde salir a trabajar en carro hasta pasar por un aeropuerto con la preocupación de que una identificación estatal ya no tenga el mismo valor.
La información de la licencia de conducir de miles de indocumentados podría llegar a personas ajenas al estado, complicando su permanencia en Estados Unidos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
¿POR QUÉ CALIFORNIA DICE QUE ES NECESARIO?
Las autoridades estatales, bajo el liderazgo del gobernador Gavin Newsom, sostienen que no compartir estos datos podría traer consecuencias inmediatas.
Si California no cumple con la ley federal:
- Sus licencias podrían dejar de ser válidas en aeropuertos.
- Los residentes tendrían que usar pasaportes u otras identificaciones federales para viajar.
- Se afectaría a millones de personas, no solo a migrantes.
Además, el estado asegura que el sistema incluye protecciones:
- No se permiten búsquedas masivas.
- Solo personal autorizado puede acceder.
- Se requiere información específica para cada consulta.
Aun así, muchos expertos y defensores de privacidad no están convencidos de que esas medidas sean suficientes.
EL TEMOR: ACCESO INDIRECTO Y VACÍOS LEGALES
Aunque existan garantías, hay escenarios que preocupan bastante. Uno de ellos es que autoridades migratorias intenten obtener datos a través de otras agencias estatales o mediante órdenes judiciales.
También se ha mencionado la posibilidad de que, si existe una orden judicial con cláusula de confidencialidad, California ni siquiera se entere de que alguien consultó la información.
Y hay antecedentes que alimentan la desconfianza. Investigaciones previas han mostrado que algunas agencias locales ya han compartido información con autoridades federales, incluso cuando la ley estatal buscaba limitar ese acceso.
UN DEBATE QUE VA MÁS ALLÁ DE CALIFORNIA
Este tema no es solo técnico ni legal. También toca una fibra social y política muy fuerte. Para muchos defensores de derechos civiles, la decisión representa un retroceso en la protección de datos y en la confianza que durante años se construyó con comunidades migrantes, especialmente en barrios donde el español se escucha a diario y donde una licencia de conducir se vuelve casi tan importante como una tarjeta del seguro o una identificación escolar.
Para otros, en cambio, se trata de un ajuste necesario para cumplir con estándares federales y evitar complicaciones mayores en un estado que mueve millones de personas cada día.
Al final, lo que está en juego no es solo una base de datos. También está en juego la confianza de más de un millón de personas que, en su momento, creyeron que sacar una licencia en California era un paso seguro.
