De inconstitucional fue calificada por el juez John Coughenour la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que busca eliminar la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento. Conoce ¿cuáles fueron las razones del juez federal en Seattle para tomar esa decisión?
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Cabe mencionar que en la orden ejecutiva, firmada el lunes 20 de enero, el republicano dio 14 días al Departamento de Justicia y otras dependencias para que bloqueen la ciudadanía para hijos de indocumentados, al igual que para turistas, viajeros de negocios, así como trabajadores y estudiantes extranjeros sin visa de inmigrantes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 23 de enero de 2025. (Foto de EFE/EPA/YURI GRIPAS)
¿CUÁLES FUERON LOS MOTIVOS DEL JUEZ PARA BLOQUEAR LA ORDEN DE ELIMINAR LA CIUDADANÍA POR NACIMIENTO?
Después de escuchar los argumentos de los representantes de cuatro estados liderados por demócratas, el juez John Coughenour bloqueó temporalmente la orden presidencial que pide prohibir la ciudadanía por derecho de nacimiento. ¿Por qué?
“DESCARADAMENTE INCONSTITUCIONAL”
“He estado en el tribunal durante cuatro décadas. No puedo recordar nada que sea tan claro como esto. Esta es una orden descaradamente inconstitucional”, señaló el juez en respuesta a la demanda presentada por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregon, la cual precisa que “nada en la Constitución otorga al presidente, a las agencias federales ni a nadie más la autoridad para imponer condiciones a la concesión de la ciudadanía a las personas nacidas en los Estados Unidos”.
“Desde su adopción [la ciudadanía en la Constitución], la Corte Suprema, el Congreso y el Poder Ejecutivo han afirmado de manera continua y unánime tanto su amplitud como su principio fundacional de que el nacimiento en los Estados Unidos otorga ciudadanía, con todos sus beneficios y privilegios. El presidente Trump y el gobierno federal ahora buscan imponer una versión moderna de Dred Scott”, se lee en la demanda
El Caso Dred Scott contra Sandford, también conocido como El Caso Dred Scott, fue una demanda judicial resuelta por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1857, que privó a todo a habitante de ascendencia africana el derecho a la ciudadanía, además de quitarle al Congreso la autoridad de prohibir la esclavitud en territorios federales del país.
DAÑOS IRREPARABLES A SUS DERECHOS Y BENEFICIOS
Otra de las razones por las que Coughenour bloqueó la orden de eliminar la ciudadanía por nacimiento es porque causará daños irreparables a sus derechos y beneficios.
“Los residentes de los estados demandantes enfrentarían daños irreparables al prohibirles el derecho constitucional de la ciudadanía y todos los derechos y beneficios asociados incluyendo: ser objetivo al riesgo de la deportación y la separación familiar, privarlos de acceso a fondos federales en atención médica y elegibilidad para servicios públicos básicos que previenen la pobreza infantil y promueven la salud infantil, así como impactos en su educación, empleo y salud”, manifestó el juez.
En Estados Unidos existe un principio llamado ciudadanía por derecho de nacimiento, el cual otorga la nacionalidad a cada niño nacido en su territorio, sin importar el estatus migratorio de los papás. Ahora, Donald Trump quiere eliminar ese derecho (Foto: AFP)
LO QUE MENCIONA LA ENMIENDA XIV DE LA CONSTITUCIÓN DE EE.UU.
La Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos (Enmienda XIV) fue propuesta el 13 de junio de 1866 y ratificada el 9 de julio de 1868, la cual anula la decisión de Dred Scott v. Sandford y plantea que los estados provean de una protección igualitaria ante la ley a todas las personas dentro de sus jurisdicciones.
Si nos enfocamos en el tema de la ciudadana, la Sección 1 señala que “toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. Ningún estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal; ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria”.
