Únete al canal de Gestión
Una nueva iniciativa legislativa del Congreso de la República plantea fomentar la contratación de adultos mayores que no reciben una pensión de jubilación mediante incentivos tributarios dirigidos a los empleadores.
El objetivo principal es promover la autonomía económica de este grupo poblacional y facilitar su inserción en el mercado laboral formal, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida. Sin embargo, surgen interrogantes sobre la eficacia de esta medida, dado que su impacto dependerá de la voluntad de las empresas para acogerse al beneficio y de su implementación práctica.
LEA TAMBIÉN: Accidentes laborales: ¿una empresa es responsable por la afectación del trabajador subcontratado?
La propuesta
El texto plantea que las empresas que generen rentas de tercera categoría y cumplan con emplear al menos al 2% de adultos mayores en relación a su plantilla total podrán acceder a una deducción adicional en el pago del Impuesto a la Renta (IR), cuyo porcentaje será determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de un decreto supremo.
Para garantizar la aplicación del beneficio, la iniciativa exige que los empleadores mantengan a los adultos mayores contratados por un periodo mínimo de un año.
Se propone modificar el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del IR y la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, para incluir este tipo de deducciones como un incentivo específico que fomente la inclusión de este grupo en el mercado laboral formal.
La propuesta también detalla que estos beneficios tributarios no se regirán por el principio de causalidad tradicional que regula los gastos deducibles, sino que se consideran un tratamiento especial destinado a promover la autonomía económica y el envejecimiento activo de los adultos mayores.
Este esquema busca replicar modelos existentes, como las deducciones aplicables a la contratación de personas con discapacidad, y ampliar las oportunidades laborales para un sector de la población en situación de vulnerabilidad económica.
LEA TAMBIÉN: Sunafil pone a empresas bajo la lupa en seguridad y salud laboral
Aplicación limitada por condiciones específicas
El proyecto de ley que busca promover el empleo de adultos mayores enfrenta críticas debido a su alcance limitado, ya que solo aplica a personas mayores de 65 años que no cuentan con una pensión de jubilación.
Esta condición excluye a un amplio grupo de adultos mayores que, aunque reciben una pensión, podrían beneficiarse del empleo formal para complementar sus ingresos.
Daniel Robles Ibazeta, socio de Robles Ibazeta Consultores, resalta que esta restricción reduce significativamente el impacto potencial de la norma, especialmente en un mercado laboral donde muchos adultos mayores enfrentan dificultades para competir debido a la falta de competencias específicas.
Juan Valera, abogado laboralista, también cuestiona esta limitación, argumentando que la norma crea una diferenciación innecesaria entre adultos mayores con y sin pensión. Según Valera, el beneficio fiscal debería extenderse a todos los adultos mayores para fomentar una inclusión más amplia en el mercado laboral.
Además, advierte que esta condición podría hacer que el incentivo sea menos atractivo para las empresas, dado que el grupo de posibles contratados es demasiado reducido, afectando así la efectividad de la medida.
Ambos expertos coinciden en que eliminar esta restricción sería fundamental para ampliar el impacto de la ley.
Esto permitiría incluir a todos los adultos mayores, independientemente de su situación previsional, y generar un beneficio más significativo tanto para los trabajadores como para los empleadores, fomentando un mercado laboral más inclusivo y sostenible.
LEA TAMBIÉN: Acuerdo entre empleador y trabajador: ¿podrían limitar demandas por daños?
Foco en el mercado formal
Robles Ibazeta destaca que la formalidad en el mercado laboral peruano es muy baja, con menos del 20% de los trabajadores formales registrados. Esto implica que el 80% restante, compuesto por trabajadores informales, no podrá acceder a los beneficios de la norma.
Al centrarse exclusivamente en el sector formal, el proyecto no aborda la realidad de la mayoría de los empleadores y trabajadores en el país, lo que reduce su capacidad de generar un impacto amplio en la población objetivo.
Por su parte, Juan Valera señala que incluso dentro del mercado formal, muchas pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades para cumplir con requisitos laborales como la seguridad y salud ocupacional.
Esto genera un desincentivo para que estas empresas contraten adultos mayores, ya que podrían percibir que las obligaciones y costos asociados superan los beneficios fiscales.
Valera también resalta que, para las grandes empresas, el incentivo del 2% en la deducción del Impuesto a la Renta puede no ser suficiente para impulsar un cambio en sus prácticas de contratación.
LEA TAMBIEN: Si empresas subsanan irregularidades antes de ser notificadas, evitarían sanciones
Costo beneficio
Robles explica que las empresas, especialmente en el sector formal, evalúan cuidadosamente el costo-beneficio de cualquier política de contratación.
En este caso, contratar a adultos mayores podría implicar mayores gastos en temas como seguridad y salud ocupacional, adaptaciones laborales y posibles descansos médicos.
Según Robles, estas cargas pueden hacer que el beneficio fiscal del 2% en el Impuesto a la Renta no sea lo suficientemente atractivo para justificar la contratación de este grupo etario.
Valera amplía esta perspectiva señalando que las empresas, especialmente las grandes, podrían considerar que el incentivo fiscal ofrecido no compensa los riesgos y responsabilidades adicionales asociados a la contratación de adultos mayores.
Además, menciona que las micro y pequeñas empresas, aunque podrían encontrar el incentivo más significativo, también enfrentan obstáculos como el cumplimiento de requisitos laborales formales, lo que podría disuadirlas de participar en la medida.
Valera añade que la falta de obligatoriedad en la contratación de adultos mayores puede llevar a que las empresas simplemente ignoren la norma si no perciben un beneficio claro.
LEA TAMBIÉN: Responsabilidad compartida entre empresa principal y contratista en actos de hostilidad
Te puede interesar leer:
- Multas, demandas y enfermedades: las consecuencias de no realizar exámenes ocupacionales
- Sunafil pone en la mira a los locadores, ¿qué ha pedido a las empresas?
- Cambian de funciones a un trabajador: ¿se le puede asignar una tarea riesgosa?
Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.
