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Cuando el tema de trabajadores con discapacidad es analizado, usualmente el discurso se enfoca en el número de trabajadores que se encuentran en esta posición y son contratados, así como el cumplimiento de la cuota de empleo por parte de las empresas. Pero, ¿qué sucede una vez que se contrata a este personal? ¿Los empleadores cumplen con ajustar las labores del centro de trabajo o las instalaciones del mismo para que se acomoden a las características de los trabajadores?
Según el exsuperintendente de Sunafil, Juan Carlos Requejo, la fiscalización de los centros de trabajo para ver si cumplen con lo que se llama “ajustes razonables” no es algo que se realice mucho.
Y lo asegurado por Requejo es confirmado por las cifras de la Sunafil, que revelan que, desde el 2014, solo se han realizado 127 inspecciones con relación a este tema. Es más, no se hizo ninguna inspección al respecto entre el 2014 y el 2018.
Los ajustes razonables son los cambios y adaptaciones que necesita una persona con discapacidad para garantizar la igualdad de condiciones en el trabajo. Conllevan la adaptación de herramientas, maquinarias y el entorno de trabajo, la provisión de ayuda técnica y servicio de apoyo, la introducción de ajustes en la organización del trabajo y horarios en función de las necesidades del trabajador con discapacidad, entre otros temas.
Según Guillermo Fustamante, director de prevención y promoción de Sunafil, el bajo número de inspecciones se debe a que estas se realizan como respuesta directa a denuncias por parte de los trabajadores.
Fustamante indica que un número de trabajadores no denuncia a su empleador debido a que no conoce sus derechos como personas con discapacidad, mientras que otros no lo hacen porque no quieren identificarse a sí mismos como tales.
Sin embargo, el funcionario señala que, en la actualidad, la Sunafil principalmente busca trabajar de manera preventiva con relación a este tipo de trabajadores. En ese sentido, envía correos informativos a los empleadores, dictando cursos y buscando generar mayor consciencia a nivel empresarial.
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El sector público
Sin embargo, en el sector público, el escenario es distinto.
De acuerdo con Víctor Hugo Vargas, director de Fiscalización y Sanciones del Conadis, en el 2021 se fiscalizaron a 90 empresas con relación al tema de los ajustes razonables y, en el 2022, a 118.
“Lo que buscamos es que se cuente con espacios físicos adecuados, mobiliario a la altura reglamentaria, servicios higiénicos accesibles y que se ajusten algunas herramientas de trabajo para los trabajadores con discapacidades. Se ve mucho en un tema de caso por caso”, explica Vargas.
Según el director, en el sector público existe un cumplimiento parcial de la norma, ya que los trabajadores gozan de algunos ajustes razonables, pero no en su totalidad.
“El tema de la accesibilidad física es en el que más fallan. No tienen infraestructura adecuada, no reúnen los requisitos indispensables, no tienen rampas, entre otras cosas. Un caso similar sucede con los trabajadores con discapacidad visual. Ahí, las entidades tendrían que comprar un software de lectura de pantalla y ajustar sus equipos, pero no se hace mucho”, añade.
De acuerdo con Vargas, en el 2023 quieren fiscalizar a 620 instituciones públicas y realizar más más de 1,200 acciones de inspección. Además, se planean 10 megaoperativos.
“Impulsaremos una campaña de fiscalización de entidades educativas por el inicio del año escolar”, agrega.
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La dificultad de implementar ajustes razonables
Pese a que la fiscalización por parte de Sunafil es escasa, eso no deja de lado que cumplir con la norma sea difícil, según detalla Dante Botton, asociado del estudio Payet, quien comenta que “casi el 90% de ajustes razonables que se deberían implementar son muy difíciles de hacer”.
El abogado explica que los ajustes razonables también aplican para las personas que sufren algún tipo de discapacidad temporal, como lesiones lumbares.
“Cuando un trabajador sufre una lesión de este tipo, es difícil ajustar sus labores de tal forma que se cumplan con los ajustes razonables. Si son trabajadores de carga pesada, la misma naturaleza de su labor lo hace imposible”, explica Botton, quien comenta que, una de las opciones con la que cuentan los empleadores es trasladar al trabajador a un puesto administrativo, pero ahí se encuentran con el problema de falta de cupos disponibles.
Botton agrega que la situación es tal que, si una empresa es fiscalizada con relación a estos temas, “va a pierde”.
“Aún si le dices a la administración que no había forma razonable de cumplir, se te sanciona”, recalca al respecto.
Cabe indicar que, según la Sunafil, los ajustes razonables “no deben ser excesivos o indebidos para el empleador”.
Botton agrega que la situación es tal que, si una empresa es fiscalizada con relación a los ajustes razonables, lo más probable es que pierda el procedimiento.
Al respecto, incumplir con estos requisitos es considerado una infracción muy grave, cuyo monto puede ascender hasta las 52.53 UIT (S/260.023,50).