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Graña y Montero: Venta de activos permitió reducir a la mitad deuda asociada a fin del Gasoducto

La deuda financiera total de la unidad constructora GyM se redujo en US$ 73.8 millones.

Venta de activos de GyM permitió reducir a la mitad deuda asociada al fin del GSP

Foto: USI

Foto: USI

Graña y Montero dijo ayer que las ventas de activos permitieron al grupo recortar la deuda asociada a la finalización del contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP) a US$ 164 millones, desde US$ 332 millones, según un hecho de importancia enviado a la SMV (ver aquí).

Asimismo, la deuda financiera total de la unidad constructora GyM se redujo en US$ 73.8 millones.

Graña y Montero ha vendido US$ 290 millones en activos, el mes pasado firmó acuerdos para vender US$ 100 millones de bienes inmuebles en Lurín, al sur de Lima, y está en conversaciones para vender acciones en empresa CAM (con sedes en Perú, chile y Colombia) a la socia El Cóndor Combustibles.

El último activo vendido el 11 de abril de 2018 fueron las acciones en Stracon GyM por la suma de US$ 76.8 millones.

Enagás impide trato directo

Por otro lado, Graña y Montero se encuentra evaluando tomar acciones legales para defender su derecho a recuperar la inversión en el proyecto de GSP.

La compañía dijo que GSP no ha iniciado la fase de trato directo - paso previo que podría evitar una demanda arbitral - con el Estado peruano por la recuperación del 100% del Valor Neto Contable de los activos de la concesión, debido a objeciones de Enagás, socio del GSP.

La discrepancia inicial surgió el 2017 cuando el Estado y GSP firmaron un acta de acuerdo para la entrega de bienes del gasoducto al administrador designado por el MEM. Ese acuerdo permitía a GSP cobrar el 100% del Valor Contable Neto a partir del 24 de enero pasado (como establece la cláusula 20 del contrato de concesión), pero el Estado ha mostrado su disconformidad.

En junta de accionistas del GSP de enero y marzo, Enagás ha votado en contra para que el consorcio inicie el trato directo con el Estado, pese a que el propio Enagás ha iniciado individualmente el trato directo con el Estado por el incumpimiento de la cláusula 20 del contrato GSP.

Los bienes incluyen las obras, equipos e instalaciones provistos para la ejecución del proyecto, así como los estudios de ingeniería que fueron elaborados por la empresa concesionaria.

Graña y Montero detalló que si bien espera recuperar toda su inversión en GSP en cinco años que podría durar un proceso arbitral, ha observado un deterioro de la inversión por US$ 177 millones (incluye actualización financiera y estimación de costos).

“Esto implica que nuestra proyecciones de recuperación se han reducido a US$ 42 millones por capital social y US$ 183 millones por cobro de acreencias derivadas de obligaciones de GSP honradas por Graña y Montero”, indica en el hecho de importancia.

La siguiente reunión de accionistas de Graña y Montero se realizará el 14 de mayo.

Citación pendiente

A la fecha, se encuentra pendiente la fijación de la fecha para llevar a cabo la Audiencia por el Caso Toledo y la carretera Interoceánica donde se discuta en segunda instancia el pedido de incorporación de Graña y Montero y GyM como personas jurídicas pasibles de sufrir consecuencias accesorias, debido a que la compañía apeló tal incorporación.

Tampoco hay fecha para la Audiencia de primera instancia donde se pide la incorporación de Graña y Montero SAA como tercero civilmente responsable en el proceso de Alejandro Toledo y la carretera Interoceánica; e incorporar a GyM como tercero civilmente responsable en el proceso seguido contra el exviceministro Jorge Cuba y otros en relación a la construcción del Tren Eléctrico.

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