Graña y Montero barajea tres alternativas para conseguir hasta US$ 350 millones

La compañía Graña y Montero propondrá vender hasta US$ 350 millones en bonos corporativos bajo una alternativa de plan de financiamiento que el directorio presentará a la junta de accionistas el próximo viernes 2 de noviembre.

De acuerdo a la información provista a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), se buscará generar estos bonos “los que se podrán colocar por oferta pública y/o privada en el Perú o extranjero”. También se propone emitir bonos convertibles en acciones representativas del capital social de la compañía.

En esa línea, se podrá “ofrecer los bonos que no sean suscritos luego del proceso de suscripción preferente a oferentes de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) que se liquiden luego de la fecha de corte para el ejercicio del derecho de suscripción preferente”.

Así, en un primer momento, se propondrá una emisión por un importe máximo de US$ 90 millones con un plazo a 30 meses y un interés compensatorio de 8% fijo anual.

Asimismo, finalmente se planteará a la junta modificar la denominación de la empresa a ‘Aenza S.A.A.’ luego que el nombre actual “ya no representa a la compañía” y que es “oportuno modificar la denominación social por una que refleje los nuevos valores y propósitos”.

Alternativas

El directorio tiene previsto tres alternativas para el nuevo plan financiero. Así, los tres escenarios contemplan bonos convertibles hasta por US$ 70 millones. En la primera alternativa (hasta US$ 420 millones en total), se considera un aumento de capital hasta por US$ 150 millones y una emisión de bonos corporativos por hasta US$ 150 millones, así como la renovación de pasivos, posibles contingencias tributarias y otras provisiones por hasta US$ 120 millones

En el segundo escenario (hasta US$ 460 millones en total), no se considera un aumento de capital, pero sí una emisión de bonos corporativos por hasta US$ 350 millones y la venta de activos hasta por US$ 35 millones y otras provisiones a largo plazo por hasta US$ 75 millones. En la tercera alternativa (hasta US$ 330 millones en total) se prevé la venta de activos hasta por US$ 180 millones y pasivos a largo plazo por hasta US$ 150 millones.

Respecto a los bonos convertibles, estos tardarían hasta 90 días para estructurarse y contemplan dos ruedas de suscripción preferente para los accionistas y una tercera rueda para colocación privada. En cuanto a los bonos corporativos, estos requerirán de la obtención del acuerdo de la colaboración eficaz. Además, el proceso tardaría entre 75 a 90 días en estructurarse y se realizaría una emisión internacional.

Estado

Luego del aumento de capital realizado en el 2019, Graña no tuvo el mejor escenario. De hecho, tras la declaración de culpabilidad de José y Hernando Graña provocó la demora en lograr el acuerdo de colaboración eficaz y costos legales adicionales por casi US$ 2 millones durante el plazo adicional.

Además, se registró un incremento en la provisión de la reparación civil en un monto bruto de US$ 35 millones y la necesidad de pactar un acuerdo por una demanda colectiva en Estados Unidos por US$ 20 millones que se terminará de pagar en junio del 2021. Asimismo, la empresa reconoció que continúa en negociaciones con ex funcionarios para que asuman parte del pago de la reparación civil.

Por otro lado, la empresa registró una pérdida de ingresos de caja por US$ 28 millones con la demora de la venta de Adexus tras no cerrar esta y la pérdida de valor en el activo. Esto afectó a la compañía en US$ 10 millones. Por ahora, se continúa en el proceso de desinversión del activo y se contrató, desde marzo del 2020, a un nuevo gerente general, con lo que se está cumpliendo el plan financiero previsto para este año.

Además, la empresa indicó que se cuenta con un potencial interesado que, actualmente, está realizando un due dilligence que “podría resolverse durante el 2020”. Asimismo, Graña tuvo que recurrir a un endeudamiento por US$ 10 millones para cubrir parcialmente las pérdidas incurridas por el proyecto Minera Escondida en Chile.

En suma, la empresa estima en su división de Ingeniería y Construcción un backlog total hacia el 2022 de US$ 627 millones en proyectos activos (donde la planta concentradora en Quellaveco implica US$ 250.8 millones y el proyecto con LAP, US$ 112 millones) y un total de US$ 951 millones sumando las operaciones en Chile y Colombia. El ratio de deuda sobre Ebitda es de 3.98x hacia el segundo trimestre del 2020 tras tener una deuda de US$ 772 millones.